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La Diputación ‘despide’ el mandato con pleno ‘económico’

La Diputación de Cádiz ha celebrado su último pleno ordinario del presente mandato, el correspondiente al mes de mayo; una sesión casi monopolizada por asuntos económicos (se ha aprobado la liquidación del último presupuesto y los expedientes de cuatro grandes contratos), y que además ha servido para cumplir con diferentes trámites administrativos antes de las elecciones municipales.

La Diputación de Cádiz ha celebrado, ahora sí, su último pleno ordinario del presente mandato, el correspondiente al mes de mayo; una sesión casi monopolizada por asuntos económicos, y que además ha servido para cumplir con diferentes trámites administrativos antes de las elecciones municipales, y toma de posesión de diputados provinciales que lo van a ser durante apenas semanas.

La presidenta, Irene García, aprovechaba el pleno (en el que estuvo ausente el diputado de Sí se puede y alcalde de la capital, José María González ‘Kichi’) para agradecer el trabajo de los diputados provinciales durante estos cuatro años y el tono en el que se han desarrollado, en general, los debates. Salvo alguna eventualidad extraordinaria, sólo resta por delante una reunión de trámite de la actual Corporación para la aprobación de las actas pendientes.

Según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, esta sesión ordinaria ha aprobado por un lado los expedientes de cuatro grandes contratos, que rondan los 70 millones de euros, y “que dan cuenta de la magnitud de la contratación pública de esta institución”, según ha afirmado el diputado responsable de Asuntos Económicos, Jesús Solís, quien se ha encargado de exponer las cuentas y defender las diferentes mociones. Estos contratos afectan a programas como el Profea (el antiguo PER) o la prestación de la asistencia técnica del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria.

También se ha dado cuenta del resultado de la liquidación del presupuesto de 2018, hecha pública estos últimos días y que ha significado un nivel de ejecución superior al 85%, unos 15 puntos por encima de la media nacional de las diputaciones provinciales. La reducción al 56% de la deuda viva en estos cuatro años, y un ahorro positivo de algo más del 21%, son otras de las cifras por las que ha sacado pecho el diputado provincial del PSOE responsable.

Esta liquidación significa un superávit de 41 millones al cierre del ejercicio 2018 y un remanente de tesorería que alcanza los 54,4 millones (pero a la vez, se ha incumplido el techo de gasto en unos 7 millones).

Este dinero sobrante de las últimas cuentas (o no gastado) ha traído como consecuencia, además, poder desarrollar modificaciones presupuestarias que inciden especialmente en el área de Igualdad y Bienestar Social, que va a ver incrementada su dotación para este 2019 con casi 2 millones de euros para el funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios. Se va a ampliar el Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO), el Servicio de Ludotecas y el desarrollo de la Ley de Dependencia, que la institución desarrolla en las localidades menores. Con ellos se va a financiar la ampliación de los equipos multidisciplinares formados por trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, auxiliares administrativos y auxiliares del servicio de ayuda a domicilio.

CONSEJO SECTORIAL DE LA CAZA

Por otro lado, el diputado de Desarrollo Sostenible, Javier Pizarro, ha dado cuenta al pleno del decreto de Presidencia para el inicio del expediente de creación de un Consejo Sectorial de la Caza, que se configura como herramienta que permita la coordinación entre diferentes agentes de esta actividad y funcione como nexo entre el sector cinegético y la administración competente, en este caso, la Junta de Andalucía.

La Diputación gaditana se convierte de este modo en la primera a nivel regional en articular un organismo de este tipo a favor de una actividad que según reza en el decreto firmado por la socialista Irene García cuenta con “una fuerte raigambre social, cultural y económica en Andalucía que merece, y debe ser apoyada, protegida y fomentada por los poderes públicos andaluces, debido a su contribución a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo”.

En este consejo sectorial de la caza estará representados los diferentes actores implicados en este proceso, tanto de las administraciones como propietarios y titulares de cotos, cazadores, organizadores de acciones de caza, miembros de industrias auxiliares, así como científicos y estudiosos de la fauna silvestre.

En estos momentos personal técnico de la Diputación trabaja en el borrador de los estatutos del nuevo órgano, que deberán ser ratificados por el pleno ya en el próximo mandato. Una vez ratificado podrá iniciarse la sesión constituyente del Consejo Sectorial de la Caza, una controvertida actividad que “se considera motor de desarrollo socioeconómico del mundo rural y herramienta de conservación medioambiental”, según la institución provincial.

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