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El coste de los políticos de la Diputación de Cádiz “sube un 6%”

La Diputación de Cádiz ha celebrado su pleno de organización, en el que ha aprobado el régimen de sesiones del nuevo mandato y la constitución de sus comisiones, y, siempre, los más controvertido: las retribuciones de los cargos electos, las dotaciones económicas que percibirán los grupos, así como el número del personal eventual contratado a dedo. Un pleno sin votos en contra. El coste de la estructura política se incrementa un 6%.

La Diputación de Cádiz celebraba a finales de la semana pasada su pleno de organización (después de que días atrás se desarrollara la investidura y se anunciara la configuración del nuevo bipartito de PSOE y La Línea 100×100), en el que ha aprobado el régimen de sesiones del mandato corporativo 2019-2023 y la constitución de sus comisiones, y, siempre, los más controvertido: las retribuciones de los cargos electos, las dotaciones económicas que percibirán los grupos, así como el número del personal eventual contratado a dedo. Un pleno sin votos en contra.

El coste de la estructura política se incrementa un 6% en relación a lo consignado hace cuatro años. En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el responsable del área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix, aclara esta subida “por la existencia de un grupo político más (en el actual mandato han logrado representación siete) y la aplicación del IPC acumulado”. Hace cuatro años se decidió mantener las retribuciones que se aprobaron en el mandato 2011-2015, por lo que se trata de la primera revisión para cargos electos de Diputación de los últimos ocho años.

En el año 2015, las retribuciones para los 31 diputados provinciales se cifraban en 1,1 millones de euros anuales, por lo que la aplicación del incremento indicado deja el coste de estos políticos en cerca de 1,2 millones (unos 1.170.000).

La presidenta (con un salario que supera los 70.000 euros brutos anuales), los dos vicepresidentes, los seis delegados de área, los titulares de delegaciones específicas que perciban el 80% de la retribución, así como los portavoces de grupos con más de dos representantes (que así lo soliciten) trabajarán en régimen de dedicación exclusiva. La dedicación parcial se reconoce a los diputados del gobierno que perciben entre un 50 y un 75% de la retribución, los portavoces de grupos con más de dos componentes que así lo soliciten y los portavoces del resto de partidos (si bien estos últimos perciben el 80%). Los cargos electos que no optan por la dedicación exclusiva ni parcial percibirán 310 euros por asistencia a pleno y 154 euros por participar en todas las comisiones en las que estén adscritos.

Igualmente han salido adelante las dotaciones económicas a los grupos políticos, a razón de 3.500 euros mensuales por formación y un componente variable de 2.400 euros mensuales por diputado. Unos gastos que no se sabe muy bien qué destino tienen. Todos los partidos con representación (PSOE, PP, Adelante, La Línea 100×100, IU, AxSí y Cs) disponen de oficina, medios materiales y profesionales para el ejercicio de sus responsabilidades políticas.

La Corporación provincial también ha aprobado el número máximo de personal eventual que podrá ser contratado (“para funciones de asesoramiento”) en el mandato que se inicia. El límite se ha situado en 20 funcionarios de empleo (en 2015 se fijó en 16, con un gasto anual que rondaba los 600.000 euros anuales). En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) se irán publicando las denominaciones de estos puestos y sus retribuciones conforme sus contrataciones se hagan efectivas (en el último mandato, la gran mayoría era personas vinculadas al PSOE).

OTROS PUNTOS ORGANIZATIVOS

Durante este pleno, la presidenta Irene García dio cuenta de la nueva estructura del ejecutivo provincial, vertebrada, entre áreas y delegaciones, en diez ámbitos de gobierno. Al respecto Ruiz Boix ha valorado que se trata de un organigrama “ágil y capacitado para dar servicios de calidad a los 45 municipios de la provincia y sus Entidades Locales Autónomas”.

La gestión del Gobierno provincial y la fiscalización de dicha tarea por parte de los grupos políticos podrá hacerse efectiva en la comisión especial de cuentas así como en las diez comisiones informativas aprobadas: de Presidencia; Coordinación y desarrollo estratégico productivo y social; Transición ecológica y desarrollo urbano sostenible; Función pública; Servicios económicos, hacienda y recaudación; Desarrollo de la ciudadanía; Cooperación y asistencia a municipios; Desarrollo local; Empleo; e Igualdad.

En estos foros comparecerán diputados de todos los grupos conforme a su representación en la Corporación: cinco del PSOE, tres del PP, y uno por Adelante, La Línea 100 por 100, IU, Ciudadanos y Andalucía por Sí. El voto será ponderado, es decir equivalente al número de diputados obtenido por cada formación tras las elecciones municipales del 26-M.

El régimen de sesiones plenarias se mantiene en una convocatoria mensual, si bien se ha aprobado un cambio que se incorporará al Reglamento orgánico de la Diputación. En concreto se ha resuelto limitar el número de proposiciones de los grupos con el ánimo de aportar “mayor agilidad” al debate. Las formaciones con mayor número de cargos electos (PSOE, PP, Adelante y La Línea 100×100) podrán registrar hasta tres propuestos de acuerdo; mientras que los grupos con un representante (IU, AxSí y Cs) podrán plantear una propuesta de acuerdo, al margen de las iniciativas conjuntas a las que se adhieran.

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