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El Consistorio portuense augura “ajuste de líneas e incluso de plantilla” en el servicio de autobuses urbanos, al no poder licitar el contrato

Un segundo pleno, en apenas una semana, ha vuelto a tumbar el estudio de viabilidad de la concesión de los autobuses urbanos de El Puerto de Santa María, cuyo contrato expira el 31 de diciembre. La aprobación del documento es un requisito para la redacción del nuevo pliego y su licitación. La oposición lamenta que no se haya negociado nada, y el Gobierno de PP y Cs dibuja un “escenario nada halagüeño”: nos veremos obligados a plantear un contrato por menos años que pondrá en riesgo la estabilidad del servicio e incluso el mantenimiento de toda la plantilla”.

El Ayuntamiento de El Puerto ha vuelto a abordar, una semana después, el estudio de viabilidad de la concesión de los autobuses urbanos, cuyo contrato expira el 31 de diciembre. La aprobación del documento es un requisito para la redacción del nuevo pliego y su licitación. La oposición lo tumbó en el pleno extraordinario de hace unos días, y pese a la ronda de reuniones con diferentes actores para meter presión (con colectivos y empresarios en busca de apoyos), lo ha vuelto a rechazar en el pleno ordinario de septiembre en el que se ha incluido otra vez el punto, ante la desesperación del concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, Millán Alegre, y su “escenario nada halagüeño”.

Este edil popular ya lamentó días atrás que PSOE, Adelante El Puerto, Vox y Unión Portuense votan no “a un documento técnico, tirando por tierra el ingente esfuerzo de distintas áreas municipales, que simplemente es una hoja de ruta fundamental para iniciar el trabajo del nuevo pliego y que, por supuesto, tendrá que ser limado y consensuado para su aprobación, trámite exigido en la nueva Ley”.

Y en la antesala de este nuevo intento, alertaba de que “nos veremos obligados a plantear un contrato por menos años que pondrá en riesgo la estabilidad del servicio e incluso el mantenimiento de toda la plantilla”; actualmente con un total de 60 empleados.

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el Ayuntamiento aclara que, en el actual panorama de “bloqueo” de la oposición, al finalizar el actual contrato (que explota Daibus) y forzosamente con ello terminar la prórroga vigente el próximo 31 de diciembre, para continuar con el servicio “debe tramitarse un nuevo procedimiento de licitación a través de la Junta de Gobierno Local, lo cual limita el tiempo de contrato y el coste del mismo”.

En las estimaciones y proyecciones que se han realizado por los servicios municipales, más de 300.000 euros se pueden dejar de ingresar por tarifas en 2021 (con la influencia de la crisis del coronavirus), “lo cual deberá proveerse en el presupuesto del contrato”, se añade.

Este dato “puede suponer una enorme dificultad a la hora de su financiación por el Ayuntamiento”. Por tanto, “la concesión de un contrato a diez años podría de algún modo repartir este mayor déficit de una manera más suave, y en futuros años de contrato podría compensarse con la ganancia de nuevos viajeros. Porque de no hacerse así, la otra opción a la que nos tendremos que enfrentar para amortiguar esta pérdida de ingreso será el ajuste de servicios, y recorte de líneas, y por tanto de gastos, dando a su vez una menor cobertura de movilidad a la ciudadanía”, advertía Alegre; que también ponía el acento en la imposibilidad de plantear una renovación de la flota y otras mejoras con un contrato tan corto.

Por su lado, durante el pleno, los partidos de la oposición se quejaron de que el bipartito de PP y Cs había elevado a debate el mismo estudio de viabilidad económico-financiero, sin ninguna modificación con respecto al rechazado días antes, y sin consensuar nada con ellos. De hecho, Adelante El Puerto, por ejemplo, llegó a ofrecer su apoyo si se prescindía del puesto de gerente. Entre los argumentos para decir no a este documento es que, “la ciudad se quedaría hasta 2035 con el servicio de autobuses que tenemos desde 2017, sin inversiones verdes y sin ningún tipo de novedad que favorezcan a los usuarios y al servicio público más allá de la nueva línea a Puerto Sherry”.

VECINOS OPINAN QUE ALEGRE “DEBERÍA HABER APOSTADO POR LA NEGOCIACIÓN”

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave) Sol y Mar ya ha lamentado lo sucedido en el pleno, “lo que supone un retraso en las mejoras que se podrían introducir en el pliego actual”.

La Flave insiste, y así se le hizo saber al concejal Millán Alegre en la reunión mantenida para abordar este asunto, que debería haber apostado “por la negociación con el resto de grupos políticos”, en vez de haberse dedicado estos días a presentar el estudio de viabilidad a distintas entidades, para ejercer presión.

Igualmente entiende que el nuevo contrato “no puede volver a incluir cuestiones que no funcionan”, y no ser “una patada hacia adelante” del contrato actual, que se ha quedado obsoleto. Como ejemplo de situaciones “incomprensibles”, se apunta a esas escenas de autobuses de diez o doce metros circulando con solo unos cuantos pasajeros, o circular por calles por las que no caben o donde cuesta que los conductores hagan maniobras.

Los representantes de las AAVV recuerdan las premisas sobre las que, consideran, se debería asentar el nuevo estudio de viabilidad del servicio de autobús urbanos: ofrecer certidumbre al personal laboral; ofrecer un servicio seguro, accesible y asequible a la población más vulnerable, desde que se espera el autobús hasta que se da por concluido el servicio; apostar por el desarrollo sostenible y el medio ambiente; obtener una viabilidad económica para las arcas municipales y la ciudadanía portuense; e incluir las consecuencias de la situación actual provocada por la pandemia del Covid-19 o la Agenda 2030.

LAS “MEJORAS” QUE QUEDAN EN EL AIRE

Ese famoso estudio, rechazado en dos ocasiones, incluía “distintas mejoras” para el servicio de los autobuses urbanos, concentrando –según el Gobierno local- las propuestas de los propios trabajadores, así como las proposiciones formuladas en los Consejos de Distrito y Medio Ambiente y las recogidas por los diferentes partidos.

El mismo, formula un nuevo pliego a 10 años (por unos 35 millones de euros), prorrogable anualmente hasta un máximo de cinco años cuando resulte necesario y habida cuenta de las condiciones de amortización de los activos; “con la intención de que se aporte estabilidad a los trabajadores, así como a la propia concesionaria que podrá amortizar las mejoras que se contemplan en un servicio que crece anualmente en viajeros”.

Asimismo, se plantea una inversión al inicio del contrato de tres autobuses de 12 metros, seis autobuses de 10 metros, dos micro autobuses, además de wifi y una App; inversión que al tercer año de contrato debería añadir a la flota cuatro autobuses de 10 metros y dos micro autobuses.

Ese estudio de viabilidad establece como escenarios adicionales el refuerzo de la línea 4 y la puesta en marcha de dos nuevas líneas: una línea Búho y otra con destino a Puerto Sherry. Además, recoge que las tarifas de aplicación en 2021 sean las actuales, aprobadas en 2017.

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