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La oposición exige la dimisión del alcalde de Chiclana, que sostiene que “hicimos lo que nos dijo la Junta, que además aprueba el PGOU”

El alcalde de Chiclana ha valorado la nulidad del PGOU vigente confirmada por el Tribunal Supremo llamando a “ver los pros y los contra y convertir la crisis en oportunidad”, al tiempo que ha tratado de pasar la pelota a la administración superior: “quien aprueba o no los planes es la Junta y los ayuntamientos lo único que podemos hacer es seguir el procedimiento administrativo que nos marca”. Gran parte de la oposición (desde el PP a Podemos), que habla de “mazazo y desastre para la ciudad”, exige la dimisión de Román.

“Cuando el Plan General se anula, se le anula a quien lo aprueba, que es la Junta de Andalucía, y los dolientes somos las ciudades. Ahora el tribunal nos dice que ese procedimiento no fue adecuado. A lo mejor es la Junta la que también tiene que preguntar cómo tienen que hacerse las cosas, tal y como hicimos nosotros. Lo que no puede ocurrir es que los planes se le anulen a todas las ciudades, habiendo seguido los procedimientos que se nos dicen”. Es el lamento del alcalde de Chiclana, José María Román, a la hora de valorar el esperable varapalo conocido en plena festividad de la patrona; mientras, a su vez, gran parte de la oposición exige ya la dimisión del socialista.

El Tribunal Supremo acaba de confirmar la “íntegra nulidad” (por defectos formales y la tramitación incorrecta de la Evaluación Ambiental Estratégica) del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Chiclana vigente desde finales de 2016, desestimando el recurso de casación a la sentencia de marzo de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) interpuesta tanto por el Ayuntamiento como por la Junta. No es ninguna sorpresa, aunque quizá la preocupante noticia llega antes de lo esperado (se acudía al Supremo básicamente para ganar tiempo e ir elaborando un nuevo Plan General, pero apenas se ha avanzado).

Ahora sí se puede decir que es el cuarto documento urbanístico anulado de forma consecutiva en la ciudad, que vuelve a regirse por normas urbanísticas de finales de los años 80 del siglo pasado.

“QUIEN APRUEBA O NO LOS PLANES GENERALES ES LA JUNTA”

En su comparecencia junto a la concejala de Urbanismo, Ana González, Román ha reconocido que “es una sentencia muy importante, por las consecuencias que tiene para Chiclana y para toda Andalucía”; y ha repetido que “quien aprueba o no los planes es la Junta y los ayuntamiento de toda Andalucía lo único que podemos hacer es seguir el procedimiento administrativo que nos marca. Es muy importante que esto quede claro, porque no es ninguna veleidad ni ninguna arbitrariedad del Ayuntamiento de Chiclana la que ha provocado la nulidad, sino que es la decisión administrativa que toma la Junta de cómo redactar el procedimiento del Plan General chiclanero y otros 300 planes de la comunidad, la que está provocando las anulaciones de estos planes que se van aprobando”.

“Hay dos elementos principales que determinan la nulidad del PGOU, según marca la sentencia. Uno es la aprobación parcial y la otra es la evaluación ambiental estratégica”, ha incidido el alcalde, remarcando que el documento “tiene evaluación ambiental, pero no desde el inicio”. “Estas cuestiones las indica la Junta, no el Ayuntamiento ni ninguno de sus trabajadores, ni el alcalde ni la concejala de cuando se hizo este paso inicial, que fue con el PP. Con esto no quiero decir que el PP sea el culpable, porque cuando gobernó y no hizo lo que el tribunal dice ahora, es porque la Junta dijo cómo había que hacerlo. Igual que nosotros hemos continuado con las indicaciones de la propia Junta”, se ha excusado una y otra vez.

“CONVERTIR LA CRISIS EN OPORTUNIDAD”

Por otro lado, el primer edil del PSOE ha recordado que “hemos pasado cinco años con este Plan General que ahora se anula y esto nos ha dado muchos frutos, como es el crecimiento en Chiclana, convirtiendo la ciudad en un espacio que ha dado mucho rédito. Como ciudad hemos ido incrementando nuestra potencia económica, nuestra población y nos hemos ido haciendo más fuertes”.

“Ahora vamos a analizar con los técnicos municipales el alcance de la sentencia y a qué afecta. Cuando seamos notificados formalmente y se publique la información en el BOJA, será cuando la sentencia será ejecutiva. A partir de ahí, entrarán en vigor las antiguas normas subsidiarias de 1987. Debemos valorar las cosas, ver los pros y los contra y convertir la crisis en oportunidad”, ha considerado.

En este sentido, ha anotado por ejemplo que la anulación del PGOU hace que muchos suelos urbanos no consolidados, de las conocidas como áreas de gestión básica (con viviendas ilegales), pasen a ser suelos no urbanizables “y, por tanto, les sea de aplicación el antiguo decreto 2/2012, modificado por el PP que es el decreto actual 3/2019. Es el decreto que permite a las viviendas que están en suelo no urbanizable y que tienen los servicios a pie de parcela, conectar con los servicios de agua y alcantarillado”. En Chiclana, se calcula que entre 600 y 1.000 viviendas irregulares podrían ahora, acogiéndose al modelo de los Asimilados Fuera de Ordenación (AFO), hacer una conexión directa “sin tener que revalorizar la vivienda”.

“No es un elemento menor, porque la situación de estar sin Plan General y con normas subsidiarias va a ser un periodo que durará de tres meses a un año, de cara a la aprobación del documento sustitutivo, las normas sustantivas, que es un documento que tiene que aprobar la propia Junta. El actual Gobierno andaluz de derechas –ha aseverado el alcalde- se comprometió con nosotros a que lo haría una vez que se anulara el Plan y confiamos en que sea así. Este documento es transitorio de gestión de planeamiento que tendría una validez de tres años, un plazo en el que podemos generar la nueva gestión del planeamiento de la ciudad”.

Por otro lado, el documento urbanístico que cae “calificaba suelos urbanos como no urbanizables o urbanos no consolidado y esos suelos volverán a ser urbanos, pudiendo invertir ahora en estos espacios. Había edificaciones que quedaban fuera de ordenación que ahora no quedarían fuera”.

En cuanto a los expedientes urbanísticos, el alcalde ha explicado que “los que no estén concluidos y que son sancionadores, tendrán una revisión, puesto que el Plan que tramitaba estos expedientes ha sido anulado. Así, se retrotrae a su momento inicial”, destacando que “estos son algunos elementos con respecto a las oportunidades que se nos abren tres recibir la sentencia”.

“UN MOMENTO PARA REPENSAR LA CIUDAD”

¿Cómo se va a actuar a partir de ahora? Román ha reiterado que “debemos desarrollar las normas sustantivas y pediremos una reunión a la Junta para agilizar lo que se pueda”; además, se convocará la Junta de Portavoces “para hacerles partícipes de todo esto y oír a los distintos partidos”, así como se convocará el Consejo de Urbanismo “para información y recibir opiniones”.

También está constituida ya la mesa de la Junta para la agilización de los trámites del nuevo Plan General. Al respecto, a principios de septiembre el Ayuntamiento ultimaba el pliego para la licitación del documento de avance, documento de inicio estratégico de la evaluación ambiental estratégica y de gestión de participación ciudadana. “Será próximamente licitado por la ley de contratos públicos para la redacción de los trabajos”, ha confirmado a su vez la edil de Urbanismo.

“En previsión de que esto pudiera pasar, hemos trabajado, como queda claro por las acciones realizadas, para estar preparados y poder tener un nuevo documento. Hemos actuado con celeridad y como corresponde a este Gobierno, para que la ciudad pueda tener las menos consecuencias negativas posibles”, ha dejado dicho González.

Mientras, el primer edil ha añadido que se está valorando desde los servicios jurídicos solicitar una aclaración al tribunal por la situación del Plan General “en cuanto al derecho transitorio sobre la transposición de la directiva europea, porque la Junta tenía un procedimiento correcto y en vigor. El tribunal no ha considerado este contexto y de ahí la consulta sobre la situación transitoria”.

“Estamos en fase inicial de aprobación del nuevo documento, en fase de diagnóstico y de plan de acción de la Agenda 2030, por lo que estamos repensando la ciudad”, ha sentenciado José María Román.

LA OPOSICIÓN PIDE LA DIMISIÓN DE ROMÁN

Desde la oposición, ante esta anulación del PGOU se coincide en exigir la dimisión del alcalde, y en asegurar que se “advirtió” en su momento de que “se estaban haciendo mal las cosas”.

Por un lado, el PP –que también pide la ‘cabeza’ de la edil de Urbanismo-, habla de “mazazo para Chiclana”. La portavoz municipal popular, Ascensión Hita, evidencia que la ciudad “necesita más que nunca un nuevo Plan General que facilite la generación de riqueza y empleo, y más si cabe después de 20 meses de pandemia y crisis económica”. Sin embargo, “la realidad es que “impera el caos urbanístico gracias a los tira hacia adelante típicos de Román, que después de la inacción en disciplina urbanística, es incapaz de realizar un Plan dentro de las directrices que marcan las normas”.

Esta formación de derechas ni duda de que “Román es el único responsable del caos urbanístico por mirar hacia otro lado cuando se empezaron a construir la mayor parte de las viviendas irregulares, hasta alcanzarse esa cifra de 15.000. La mitad de la ciudad forma parte de un desastre urbanístico por culpa de los gobiernos socialistas, muchos de ellos con Román al frente”.

Además, Hita –que repite por enésima vez que “es necesario un gran pacto por el urbanismo en la ciudad”- manifiesta que “tras cuatro PGOU tumbados por la Justicia, Román no puede tener valor para culpar a otras administraciones. Además, entonces la Junta estaba gobernada por Susana Díaz, su compañera de partido”. Eso sí, esta concejala del PP interpreta que con Juan Manuel Moreno Bonilla en San Telmo “es cuando se va a dar la solución urbanística a la ciudad”, gracias a la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

A su vez, desde la ultraderecha también se solicita la “inmediata” dimisión del primer edil socialista. Vox hace un llamamiento al resto de partidos “para, entre todos, impedir que Román vuelva a llevar a cabo otro PGOU, ya que, de lo contrario, serán cómplices y responsables de este desastre para Chiclana quienes continúen apoyándole o mirando hacia otro lado como hasta ahora”.

“Ya son cuatro los planes generales que han caído, y cada vez que esto pasa nos cuesta unos 4 millones de euros, y da la casualidad de que siempre son ejecutados por los mismos, Este en concreto fue iniciado por un gobierno del PP y continuado por uno del PSOE”, anotan por su lado desde Podemos, recordando que “si nos hubieran escuchado, a Ecologistas en Acción y a nosotros, no habría pasado esto”.

Para la formación morada, en boca de su portavoz municipal Jorge Guerrero, es “un auténtico desastre para la ciudad, que se va a agudizar en los próximos años, ya que un PGOU no se hace de un día para otro”. Además, se reprocha al bipartito de PSOE e IU que el tiempo que se debería haber ganado con el recurso ante el Supremo “no se ha aprovechado, y ahora, además del costo del PGOU, vamos a tener que pagar las costas del juicio”.

“Pedimos desde Podemos que el Ayuntamiento dé soluciones a esta ciudad”, y en este sentido, se reclama desde ya “una mesa de urbanismo para negociar soluciones alternativas a la falta de servicios básicos, que consideramos que es lo más urgente en este momento, y un control real a las construcciones y parcelaciones en zonas irregulares para que no se siga cronificando este problema”.

E igualmente se exige la dimisión del alcalde: “alguien debe asumir la responsabilidad política, de lo contrario siempre pagaremos las mismas personas, la que vivimos en Chiclana y pagamos aquí nuestros impuestos”.

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