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El PP, herido en su honor, sienta al alcalde de Cádiz en el banquillo

El PP gaditano ya tiene la foto: ha logrado que el alcalde, José María González ‘Kichi’, junto a su jefe de Gabinete y el exedil de Medio Ambiente, se siente ante un juez por unas declaraciones sobre el corte de agua de Loreto en las que este partido entiende que se acusaba al anterior Ejecutivo de Teófila Martínez de “intento de envenenamiento”, y así se querellaba por calumnias e injurias. Pese a que la Fiscalía en dos ocasiones ha dicho que no hay caso, el juicio era inevitable al ejercer el propio PP, por partida doble, la acusación particular, aunque finalmente una de ellas, el veterano José Blas Fernández, se ha retirado del proceso.

El PP de Cádiz y sus medios afines ya tienen sla foto deseada: la de un alcalde de Podemos sentado en el banquillo. Al fin pueden referirse a José María González ‘Kichi’ como “primer alcalde de Cádiz procesado de la democracia”. Los populares cumplen así con el objetivo de equipararlo a los innumerables casos de investigados y salpicados por corrupción de su mismo partido, pese a las notables diferencias.

El pasado viernes 22, el juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz ha acogido el juicio oral contra el alcalde, su exconcejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de Gabinete del Ayuntamiento, José Vicente Barcia, por aquellas declaraciones que realizaron en marzo de 2016 en una asamblea vecinal sobre el conocido como caso Loreto.

El PP les acusó de presuntos delitos de calumnias e injurias –contra el anterior Ejecutivo popular- por aquellas manifestaciones –recogidas por algunos medios- que básicamente repetían lo señalado por el último informe realizado por Aguas de Cádiz sobre el corte de suministro que padeció dicha barriada en 2014; la derecha entiende que se les acusaba de un “intento de envenenamiento” a los 13.000 vecinos del barrio. Este juicio llega ahora después de que en abril se aplazara con el objetivo de conseguir un acuerdo entre las partes con la mediación penal.

Este conocido caso Loreto, que en el último trimestre de 2016 era archivado inicialmente ya que el juez sólo vio “crítica política” en dichas manifestaciones; se reabría por parte de la Audiencia Provincial después del recurso del PP. Partido que durante el proceso se ha enfadado con la Fiscalía, ya que esta ha admitido que no ve delito alguno y de hecho, no ha formulado acusación alguna y ha solicitado la “libre absolución”.

Las declaraciones que la derecha local censura del actual primer edil se basan en uno de los puntos que observa el informe técnico elaborado por la empresa municipal Aguas de Cádiz en 2016, encargado por el nuevo equipo de Gobierno en el que aborda su propia gestión –entonces en manos del PP- durante aquel controvertido corte del suministro en la barriada a finales de 2014. Este estudio anota que los vecinos de Loreto pudieron estar bebiendo agua contaminada desde 14 días antes del corte por la presencia de bacterias.

Dicho informe llega a sospechar que la contaminación en el agua se detectó y se conocía hasta casi dos semanas antes de que se informara a la Junta de Andalucía y se procediera al corte y a trabajar sobre el terreno para solventar el problema. Ante ello, el actual Ejecutivo local decidió elevar este documento de Aguas de Cádiz a la Fiscalía, para que estudiara si había indicios de delito por parte de los anteriores gestores municipales. A finales de 2016, la Fiscalía optaba por archivar estas diligencias ya que consideraba que “en ningún caso puede hablarse de mala praxis”.

Entre las acusaciones particulares -en nombre del equipo de Gobierno anterior de Teófila Martínez por un lado, y del veterano concejal conservador José Blas Fernández por otro, aunque este al final no ha acudido ni al juicio y se ha retirado de este procedimiento penal-, han solicitado penas de 24 y 14 meses de multas por sendos delitos (a razón de 20 euros diarios), la publicación de sentencia a costas de los procesados en los medios de comunicación donde se difundieran las calumnias e injurias que se enjuician, y la indemnización a los querellantes en concepto de responsabilidad civil (el anterior Gobierno popular, defendido por su edil Juan José Ortiz, hoy alcaldable, reclama 30.000 euros a pagar entre los tres denunciados para resarcir su honor).

“Nos acusaron de una monstruosidad, de algo deleznable, y eso jamás puede considerarse crítica política”, interpretan desde el hoy principal partido de la oposición, que en el momento de presentar su querella insistían en que “vamos a dar todos los pasos necesarios, con tranquilidad pero con toda contundencia, para que el honor del equipo de Gobierno que presidió Teófila Martínez, que trabajó y luchó por esta ciudad de manera honesta e incansable, no tenga la menor mancha, y mucho menos por alguien que ahora mismo es el primer alcalde de Cádiz procesado de la democracia”.

Por su lado, “sólo el empeño fanático y el rencor del PP, incluso en contra de las tesis de las Fiscalía,” son, para el equipo de Gobierno de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común, los que llevan aquellas declaraciones sobre la “gestión política” del corte de agua en Loreto en 2014 a juicio. Y no obstante, agradece que finalmente haya juicio para “poder demostrar la verdad, que no es otra que no hubo ataque al honor y sí una pésima y carísima para la ciudad, gestión política del incidente”.

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