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Cádiz insta al Gobierno a que le otorgue la categoría de insularidad para paliar las consecuencias económicas y sociales del coronavirus

El Ayuntamiento de Cádiz ha propuesto medidas complementarias a los gobiernos central y andaluz para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas del estado de alarma por el coronavirus. Entre las iniciativas, se pide que se permita a las administraciones locales incumplir la regla de gasto en 2020, que se amplíe los fondos de la Patrica o que se otorgue la categoría de insularidad a la ciudad. Entre las medidas del propio Consistorio se añaden agilizar el pago a proveedores o cobrar el IBI a la Iglesia por sus propiedades no dedicadas al culto.

El Ayuntamiento de Cádiz ha propuesto ya al Estado y a la Junta de Andalucía medidas complementarias para facilitar la gestión de los ayuntamientos, “como administración pública más cercana a la ciudadanía”, y paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas del estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del coronavirus, que se ampliará otros 15 días (hasta el 11 de abril). El equipo de Gobierno liderado por José María González ‘Kichi’ cree que las medidas adoptadas y anunciadas hasta ahora desde Madrid y Sevilla “van por buen camino”, si bien considera necesario “dar un paso más al frente”.

De este modo, entre otras iniciativas proponen al Gobierno central (actualmente de PSOE y Unidas Podemos) que se autorice de forma expresa a los ayuntamientos incumplir la regla de gasto (una forma de controlar el equilibrio presupuestario del Estado) en 2020 para que desde la administración local se puedan atender situaciones de crisis socioeconómicas ciudadanas derivadas del estado de alarma.

Además, se plantea que el Gobierno de España decrete la autorización para que los ayuntamientos, sin tener que convocar el pleno municipal, puedan utilizar el fondo de contingencia para atender este tipo de situaciones excepcionales; o en el mismo sentido, que puedan utilizar el superávit obtenido en las liquidaciones de las cuentas de 2018 y de 2019 sin necesidad de atender a los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (o más conocida como ley Montoro).

Por otro lado, el Ejecutivo de Adelante Cádiz insta al Gobierno central a que otorgue la categoría de insularidad a Cádiz, “con la pertinente partida presupuestaria y beneficios fiscales que implica tal catalogación”.

En cuanto al Gobierno andaluz (hoy día de PP y Cs, con el aliento de la ultraderecha), se propone que la administración autonómica convenie con el Ayuntamiento un nuevo concierto en materia de asuntos sociales a cargo de los 300 millones de euros del fondo que ha dotado el Gobierno. Este nuevo convenio o concierto se podría destinar a financiar una oficina donde poder centralizar la atención a la ciudadanía en cuanto a gestión de las medidas de fomento/ayuda que se tramiten como ayuntamiento e información de las medidas gestionadas por otras administraciones.

También mirando a la Junta, se demanda la ampliación de la participación en los tributos de la administración autonómica (la llamada Patrica) al mismo tiempo que se pide que, al igual que sucedió con el Impuesto de Actividad Económica (IAE) cuando este fue eliminado de la tributación de los ayuntamientos, que el Gobierno central autorice a las corporaciones locales a bajar impuesto y en la misma medida compense esa baja para garantizar las prestaciones de servicios.

SE AGILIZARÁ EL PAGO A PROVEEDORES

Sin dejar la crisis del coronavirus, el concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Paéz ‘Cherra’, ha dado orden a la Tesorería Municipal para que agilice al máximo los trámites de pago a proveedores.

“Ésta es otra de las medidas que hemos acordado en el seno del equipo de Gobierno para reducir al máximo posible el impacto económico que puede acarrear a los proveedores este estado de alarma provocado por el coronavirus. De esta forma queremos aliviar y apoyar a la pequeña y mediana empresa de la ciudad, puesto que dada la situación apenas están recibiendo ingresos. Y con esta iniciativa lo que pretendemos es que al menos reciban lo antes posible las cuantías pendientes por parte del Ayuntamiento”, aclara este edil de Adelante.

Con todo, Páez recuerda que el pago a proveedores “siempre ha sido, como venimos demostrando, una prioridad para este equipo de Gobierno, porque es la forma real de apoyar y apostar por la pequeña y mediana empresa”. “Y en estas circunstancias es aún más necesario agilizar los trámites y que el Ayuntamiento esté al día con los pagos a estas empresas con las que mantiene relación económica, con objeto de proporcionar la máxima liquidez posible a quienes están sufriendo ya con severidad los efectos económicos derivados de esta pandemia”.

LA IGLESIA PAGARÁ EL IBI POR SUS VIVIENDAS Y LOCALES

Por otro lado, también se ha conocido este fin de semana que el Consistorio gaditano va a emitir el cobro del IBI a las propiedades de la Iglesia en la ciudad que no estén destinadas al culto ni a la enseñanza: viviendas, inmuebles, locales, garajes y propiedades que no tengan relación directa con la práctica religiosa.

“Creemos que es una medida necesaria e imprescindible. Creemos que toda la sociedad debe remar en la misma dirección y que los esfuerzos, que son muchos, deben darse desde todos los sectores sociales”, subraya el alcalde en sus redes sociales.

La prioridad en estos momentos es paliar la crisis sanitaria, “pero también minimizar las consecuencias económicas presentes y futuras. Sobre todo en tantas familias que aún no se han recuperado siquiera de la crisis económica anterior”, insiste González Santos, reflexionando que “de una situación como esta sólo se sale de manera comunitaria. Llevando a cabo esfuerzos todos y todas”.

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