El Consistorio roteño espera celebrar una reunión pública con el dueño de la vaqueriza para pactar “plazos sensatos” para su cierre

El Ayuntamiento de Rota ha decretado la suspensión temporal del precinto de la vaqueriza en la avenida de la Matea, en tanto en cuanto se pueda celebrar una reunión pública con el propietario para pactar “plazos concretos y sensatos” para el cierre definitivo de esta instalación “que no es legal y que tampoco es posible legalizar”, cumpliendo diferentes sentencias al respecto tras seis años de pleitos.

El Ayuntamiento de Rota ha decretado la suspensión temporal del precinto de la vaqueriza en la avenida de la Matea, en tanto en cuanto se pueda celebrar una reunión con el propietario para pactar “plazos concretos y sensatos” para el cierre definitivo de estas instalaciones.

El pasado junio el Tribunal Supremo notificaba a las partes la sentencia que ponía punto y final a más de seis años de litigio. El fallo da la razón al Consistorio y deja claro que su acuerdo ordenando el cierre de la explotación de ganado vacuno es conforme a Derecho, por carecer de autorizaciones administrativas necesarias y estar ocasionando graves problemas de salubridad a unos 2.000 vecinos que residen en las inmediaciones.

A decir del alcalde, Javier Ruiz Arana, dicha reunión, que se ha tenido que aplazar ante la evolución de la pandemia y el contagio de personas que debían estar en la misma, “debe ser pública con luz y taquígrafos para evitar tergiversaciones y para que el ciudadano conozca toda la verdad de los acuerdos y los compromisos que se alcancen” para llegar a dar cumplimiento a las sentencias que pesan sobre esta vaqueriza “que no es legal y que tampoco es posible legalizar”.

Entendiendo la postura del empresario y su familia, el primer edil del PSOE ha querido expresar por “enésima vez” la voluntad del Ayuntamiento de sentarse con el titular de la problemática explotación y también ha querido matizar cuestiones “que se están diciendo y no son correctas”.

En este sentido, en base a algunos comentarios de estos días “parece que no se sabía que allí existían problemas de salubridad”, unos problemas que sí conocen los vecinos del entorno, y que tampoco tuvieron en cuenta quienes al frente del Ayuntamiento en 2006 y 2007 plantearon el desarrollo urbanístico de la zona.

Así, cuando el equipo de Gobierno liderado por el PSOE llegaba a mediados de 2015 se encuentra con el acuerdo de marzo del bipartito precedente de PP y RRUU que dictaba la inmediata suspensión de la actividad económica y el desalojo de la instalación. Con todo y sin querer entrar en achaques políticos, ya que “compartimos el acuerdo”, Ruiz Arana ha pedido a la derecha que “ahora no sean cínicos en esta cuestión”.

En virtud de ese acuerdo, el entonces nuevo Gobierno municipal comenzó a entablar conversaciones con el ganadero que por unos y otros motivos no avanzaron ni fructificaron; si bien “siempre ha puesto todo lo que estaba en su mano para acordar su salida de esta zona, haciendo cumplir una resolución que marca que la instalación no se puede legalizar y está afectando a la salubridad de vecinos”.

Con todo y una vez que el propietario acude a los tribunales, el Ayuntamiento entra en una serie de contenciosos que se van resolviendo en la Audiencia Provincial, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en el Tribunal Supremo, “que en todo momento han ido dando la razón al Consistorio”.

A partir de ahí, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes municipales, la administración local ha llevado a cabo las últimas actuaciones en la línea de dos sentencias ya publicadas y que hay que cumplir: una que afirma que la actividad económica de la vaqueriza no es legal ni legalizable; y otra que dicta que los animales no pueden verse afectados ni sufrir por las acciones planteadas para impulsar el cierre de la instalación ganadera.

EL PROPIETARIO SIGUE SIN CUMPLIR LAS SENTENCIAS

En este punto, Ruiz Arana se ha centrado en las actuaciones realizadas desde junio de este año y que han derivado en el precinto de la instalación, señalando que “lo que iba a ocurrir estos días no ha llegado por sorpresa”. En verano se iniciaba la ejecución subsidiaria de la sentencia del Supremo, por la que si el propietario no cumplía la misma, es el Ayuntamiento el que la ejecuta y el propietario el que la paga.

Como en el resto de ocasiones, este trámite se trasladó al ganadero y el 17 de octubre se desestiman las alegaciones presentadas, concediéndole un plazo de 20 días para el cese y clausura y advirtiéndole de que el Ayuntamiento ejecutaría el precinto para prohibir el ejercicio de la actividad económica, si bien se permitiría el paso de personal a las instalaciones para cuidar y atender al ganado.

El 24 de noviembre, la Policía Local comprueba “que no se cumple nada y nos vemos avocados a hacer cumplir la sentencia y a precintar las instalaciones”, un precinto que se produce el 16 de diciembre, si bien hasta esta semana “no se ponen en contacto con este Ayuntamiento para ver posibilidades de acuerdo y marcar plazos que permita el cierre”.

En este punto, el alcalde ha repetido que la voluntad “es sentarnos a hablar y que se haga de manera pública para que los ciudadanos comprueben los planteamientos de cada parte”, que puedan saber los plazos que se acuerdan y el compromiso expreso de cumplir lo pactado y “no sea un amago más, porque lo que ocurre es que se pierde credibilidad y no la pierde este alcalde ni este equipo de Gobierno, sino el Ayuntamiento”.

De este modo, confía en que se pueda celebrar públicamente y en cuanto las circunstancias de la pandemia lo permitan, la reunión prevista para esta semana, “y cerrar un acuerdo sensato para dar cumplimiento a las sentencias y dar salida a esta situación que lleva ya 15 años y seis de pleitos”.

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