Los siete ayuntamientos de la Bahía, entre los 34 gaditanos llamados a acogerse al nuevo mecanismo de Hacienda para pagar a proveedores

Casi todos los municipios de la provincia de Cádiz (34 de 45), todos lastrados por pagar con demora a sus proveedores (aunque algunos tardan mucho más que otros, todos sobrepasan el límite legal de 30 días), pueden acogerse al nuevo mecanismo extraordinario puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda que permitirá pagar “de forma más ágil” estas facturas y cancelar las obligaciones pendientes de pago más antiguas. El Estado asume ese abono directo pero a la vez obliga a los ayuntamientos beneficiarios a endeudarse “con ventajosas condiciones” para devolverle ese dinero y a que se sometan a planes de ajustes.

Casi todos los municipios de la provincia de Cádiz (34 de 45, y entre ellos los siete mancomunados de la Bahía: la capital, Jerez, San Fernando, El Puerto, Chiclana, Puerto Real y Rota) y 57 entidades dependientes de estos ayuntamientos, todos lastrados por pagar con demora a sus proveedores (la ley establece un máximo de 30 días), pueden acogerse al nuevo mecanismo extraordinario puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda y Función Pública que permitirá pagar “de forma más ágil” estas facturas y cancelar las obligaciones pendientes de pago más antiguas.

Este instrumento de financiación viene regulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y se ha materializado a través de una Resolución emitida a principios de este mes por la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, en la que se han dictado instrucciones para la puesta en marcha de este mecanismo extraordinario de financiación.

En concreto, para posibilitar a los proveedores el cobro de sus facturas por este cauce, la norma obliga a las administraciones afectadas a comunicar sus facturas pendientes anteriores a 1 de julio de 2021 y a adherirse al Fondo de Financiación a Entidades Locales, a través del que se efectuará directamente el pago de dichas obligaciones.

La condición que debe cumplir el proveedor para tener derecho al cobro de sus facturas por este procedimiento es que se traten de obligaciones generadas por obras, servicios o suministros pendientes de pago antes de julio del pasado año, y aceptar este medio de pago, lo que podrán hacer en una plataforma informática habilitada por la Agencia Tributaria.

Con el propósito de conocer la cuantía exacta que tienen pendiente de cobro los proveedores, las entidades locales afectadas deberán remitir telemáticamente al Ministerio de Hacienda, hasta el próximo 11 de febrero, una relación de todas las obligaciones pendientes de pago. En ellas debe constar, entre otros datos, la identificación del proveedor, de las facturas, su importe y la fecha de recepción de la factura. Los proveedores podrán consultar (hasta finales de febrero) su inclusión y el caso de que no aparezcan en el listado, podrán reclamar. Pasado este trámite, los interventores de cada ayuntamiento deben comunicar la relación definitiva de facturas con la fecha límite del 11 de marzo, momento a partir del cual quedarán adheridos a este nuevo Fondo de Financiación a Entidades Locales.

CADA AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO DEBE SOMETERSE A OTRO PLAN DE AJUSTE

Según se detalla desde Subdelegación en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, los ayuntamientos gaditanos que se acojan a la medida (como en ocasiones anteriores) podrán financiar las obligaciones de pago abonadas desde el mismo Ministerio de Hacienda a través de una operación de endeudamiento “con ventajosas condiciones financieras”, que aseguren la viabilidad de la operación y que aprobará la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Para ello, una vez conocida toda la información sobre el montante de las facturas pendientes de pago, cada Consistorio debe elaborar un plan de ajuste, que deberá aprobarse antes del 22 de marzo y que tendrá que ser aplicado en el período de amortización previsto para la operación, siendo remitido al Ministerio de Hacienda que realizará una valoración y comunicará las modificaciones pertinentes antes del 21 de abril.

El objetivo de este plan de ajuste “será únicamente garantizar la sostenibilidad de la situación financiera del Ayuntamiento”, es decir, que cuente con suficiente financiación de los servicios públicos y para abordar sus gastos corrientes y la amortización de las operaciones de endeudamiento.

En caso de que las entidades locales beneficiarias no terminen de aprobar ese plan de ajuste obligatorio “no podrán formalizar estos préstamos”. Además, las cantidades abonadas por Hacienda para cancelar sus facturas a proveedores “serán devueltas mediante retención de su participación en los tributos del Estado”, la PIE.

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