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El Gobierno isleño termina elevando a los tribunales el conflicto de los antiguos colegios de Defensa al no “entenderse” con la Junta


La alcaldesa de San Fernando se ha reunido con las Ampas de los antiguos colegios de Defensa para trasladarles la intención del Ayuntamiento de que sea finalmente una resolución judicial la que establezca a qué administración –la local o la regional- corresponde el mantenimiento de estos centros “ante la falta de avances”. “A pesar de que me apena no haber podido llegar a un acuerdo en este asunto, puesto que es una administración que viene cumpliendo, la consejería de Educación no ha satisfecho nuestros intereses y no nos podemos permitir esperar más tiempo”, advierte Cavada, que se ‘enfrenta’ así a una Junta gobernada por su mismo partido.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, se ha reunido con las asociaciones de padres de alumnos (Ampas) de los denominados antiguos colegios de Defensa y la vicepresidenta de la Flampa para trasladarles de primera mano la intención del Ayuntamiento de que sea finalmente una resolución judicial la que establezca a qué administración –la local o la regional- corresponde el mantenimiento de estos centros “ante la falta de avances”.

Ambas partes, Consistorio y Junta de Andalucía, hacen distintas interpretaciones del convenio suscrito en 2007 entre Defensa y la consejería de Educación, mediante el que se cedía la concesión demanial de los centros de Defensa a la administración autonómica durante un periodo de 75 años. Desde entonces, estos colegios públicos (el Cecilio Pujazón, el Juan Díez de Solís y el Vicente Tofiño) sobreviven al día a día de su mantenimiento sin que nadie termine de hacerse cargo del mismo.

“A pesar de que hemos estado trabajando en este asunto desde el minuto uno en que llegamos, de las numerosas reuniones mantenidas al más alto nivel con la consejera de Educación, su secretario general, técnicos de ambas administraciones, Interventor, delegado territorial de Educación, Defensa, etcétera, etcétera, sigue existiendo una discrepancia jurídica entre la administración regional y el Consistorio isleño que desemboca en que la situación siga sin solución y sin resolverse. A pesar del empeño que han puesto los técnicos municipales en buscar una solución intermedia que pusiera fin al conflicto, la consejería sigue sin entender la situación”, asegura Cavada en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.

En dicho convenio de hace ya una década entre Defensa y Junta, se especificaba en su disposición sexta que “el mantenimiento y conservación de las instalaciones serán satisfechos por la Junta de Andalucía y, en su caso, por las corporaciones locales”; un texto “demasiado genérico” que ha llevado a esta situación porque la Junta siempre ha mantenido que su conservación es competencia municipal, “mientras los anteriores gobiernos locales han eludido hacerse cargo de ellos”, remarca la alcaldesa socialista.

Y han ido pasando los años “y el problema cada vez se hacía mayor”, pero, relata Patricia Cavada, “cuando llegamos al Gobierno decidimos afrontar con valentía este asunto y nos pusimos a trabajar para propiciar la firma de un nuevo convenio que viniese a completar y a clarificar el anterior en lo que respecta a las competencias y obligaciones de cada administración, siempre conforme a la legislación”.

Al respecto, los técnicos municipales trabajaron en una propuesta técnica para avanzar en la resolución, de la mano de la delegación territorial de Educación, que marcó igualmente una hoja de ruta para tratar de resolver definitivamente una situación, “que arrastra dificultades jurídicas y técnicas a la hora de establecer los procedimientos de conservación y mantenimiento de los centros, buscando una fórmula jurídica que permitiese pagar al Ayuntamiento”.

“Pero a pesar del intento de desbloquear esta situación y llegar a un principio de acuerdo con la propuesta presentada desde el Ayuntamiento, desde la consejería de Educación no se ha entendido y no han encontrado fórmula viable ni alternativa posible para dar solución satisfactoria a un asunto que ya no puede esperar más”, incide la primera edil.

De esta forma, “y a pesar de que me apena no haber podido llegar a un acuerdo en este asunto concreto, puesto que es una administración que viene cumpliendo con San Fernando, la consejería de Educación no ha satisfecho nuestros intereses y no nos podemos permitir esperar más tiempo”.

Pese a que el Gobierno local de PSOE-PA se va a ‘enfrentar’ a un Gobierno andaluz también liderado por el PSOE, Cavada ha querido trasladar a los padres el “gran interés” demostrado personalmente para tratar de salvar esta situación por el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y por el delegado del Gobierno en Cádiz, Fernando López Gil, “porque son conocedores de la situación y han buscado intensamente una respuesta al problema”.

“YENDO A LOS JUZGADOS, GANAREMOS SÍ O SÍ TODAS LAS PARTES”

La primera edil ha insistido en recordar a las representantes de las Ampas de los antiguos colegios militares en que “ha estado y estará de su lado” y que, por tanto, “a la vista de que no hemos podido avanzar nada en todo este tiempo de intenso trabajo”, se ha tomado la decisión de dirimir el asunto en los tribunales para que sean éstos los que ofrezcan una solución final mediante una sentencia de obligado cumplimiento.

“Con ello ganaremos sí o sí todas las partes porque se clarificará de una vez a quién corresponde la conservación y mantenimiento de estos centros, si al Ayuntamiento o a la consejería de Educación, y se acabará el problema”, subraya Cavada, quian ha encontrado el apoyo de las representantes de las Ampas en este nuevo paso que se da para desbloquear un conflicto que “se viene alargando demasiado en el tiempo sin que en años anteriores, por falta de voluntad y crispación –en referencia, obviamente, al PP y a su entonces socio, el PA-, se haya hecho nada al respecto, ni siquiera sentarse en una mesa a negociar”.


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