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El alcalde le recuerda a los hosteleros roteños que deben compatibilizar su actividad con el descanso de los vecinos y la ley


Un grupo de empresarios de la hostelería de Rota y el alcalde han mantenido un nuevo encuentro para hablar del horario de cierre de los establecimientos en verano. El Consistorio reconoce que era flexible hasta la denuncia el pasado verano de vecinos de la Avenida San Fernando al Defensor del Pueblo Andaluz, y las llamadas de este a la administración local para que haga cumplir una ley que es autonómica. Ruiz Arana demanda a los negocios que cumplan el “puntos de equilibrio” acordado meses atrás entre todas las partes interesadas.

Un nutrido grupo de empresarios de la hostelería de Rota y el alcalde, Javier Ruiz Arana, han mantenido un encuentro en el Ayuntamiento para tratar un asunto polémico como es el horario de cierre de los establecimientos en verano. En la reunión también estuvieron presentes los concejales de Policía Local, de Desarrollo Económico y la responsable de ocupación de la vía pública, Daniel Manrique, Encarnación Niño y Nuria López, respectivamente.

Esta es la tercera reunión que el primer edil socialista mantiene con este colectivo en los últimos meses, ya que aunque la normativa de la Junta de Andalucía que regula el horario de cierre es del año 2002, lo cierto es que siempre desde el Ayuntamiento se ha sido flexible con los horarios “con la finalidad de conseguir que la hostelería sea un importante motor económico en la localidad”, se subraya en la información recogida por DIARIO Bahía de Cádiz.

No obstante, esta situación cambia de forma significativa a partir del verano pasado, ya que comunidades de propietarios del tramo en cuestión de la Avenida San Fernando, que alberga en sus locales a varios establecimientos de hostelería, deciden iniciar una reclamación ante el Defensor del Pueblo Andaluz porque según ellos, el nivel de incumplimiento de estos bares tanto en materia de cierre como de ruido hace completamente inviable que pueda habitarse en dichas viviendas.

Como consecuencia de esa denuncia, el Defensor del Pueblo le abre un expediente al Consistorio apercibiéndole de que como administración local debe garantizar que se cumpla la ley, recordando que la misma es clara, y aquellos establecimientos que no cuenten con licencia de música (la inmensa mayoría en la Villa) tienen que estar cerrados a las dos de la madrugada de lunes a jueves y domingos, y a las tres los viernes, sábados y vísperas de festivos. Además se le recuerda al Ayuntamiento que no tiene competencias para alterar dicho horario, tan solo puede ampliarlo como máximo dos horas en fiestas muy puntuales.

Ante ese requerimiento, Ruiz Arana contacta tanto con los empresarios de la hostelería como con representantes de la comunidad de propietarios que interpone la denuncia; en particular fueron dos reuniones con cada una de las partes, con la intención de llegar a “puntos de equilibrio” donde se pudieran armonizar todos los intereses en juego, y al mismo tiempo dar cumplimiento a la legislación vigente.

Los primeros meses de esa mediación “fueron complejos”, explican desde el Ayuntamiento, ya que pese a los acuerdos alcanzados por ambas partes, “determinados locales incumplían permanentemente lo pactado, lo que se traducía en un perjuicio para los demás locales, y en un mayor número de denuncias que han hecho que los requerimientos del Defensor del Pueblo contra el Ayuntamiento se endurezcan considerablemente”. Pese a ello, a partir de las fiestas navideñas, se consigue ese punto de equilibrio que se ha mantenido inalterable hasta la madrugada del pasado domingo 9 de julio.

En dicha jornada, la Policía Local ha tenido que actuar ordenando los cierres de los establecimientos, como consecuencia del aluvión de llamadas recibidas por los vecinos de la zona denunciando un nivel de ruido inaceptable, toda vez que por parte de algunos locales se ha vuelto a incumplir los acuerdos alcanzados.

Por tanto, en esta tercera reunión se ha analizado detenidamente todo lo acontecido hace unos días, poniéndose de relieve que los mayores perjudicados por esta situación son precisamente aquellos locales que sí vienen cumpliendo con lo acordado.

Por tal motivo, el compromiso adquirido por los empresarios y el equipo de Gobierno municipal es que todos vuelvan a respetar ese punto de equilibrio que se había alcanzado durante lo que va de año, para que se pueda compatibilizar el desarrollo de su actividad económica, el ocio, el descanso y el cumplimiento con la normativa vigente, “que viene impuesta y que el Ayuntamiento no tiene más remedio que hacer cumplir”.


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