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Nada más los radicales, aquellos que
quieren sacar fruto de cualquier cosa que pueda parecer que no encaja con el
ideario de la izquierda, se lanzan en tromba contra los que ponen en tela de
juicio el que, en España, se acepte la inmigración de forma indiscriminada y sin
condición alguna. Aparte de que, por desgracia, hemos tenido que soportar la
delincuencia de todo tipo que nos ha llegado, tanto de Sudamérica como de los
países del este; es evidente que existe un número importante de inmigrantes que
no han hecho el más mínimo esfuerzo para aceptar nuestras costumbres, nuestras
leyes y nuestra civilización occidental, fomentando la aparición de guettos en
los cuales se siguen practicando actividades que, en muchas ocasiones, resultan
preocupantes si no manifiestamente hirientes para la sensibilidad de muchos
españoles. Si, en principio, la inmigración puede resultar beneficiosa para
suplir la disminución de la natalidad que padecemos, fruto de las nuevas
circunstancias sociales, del nuevo concepto de la familia y, especialmente, del
hecho indiscutible de que la mujer se ha incorporado masivamente al trabajo con
las consecuencias que esto comporta para el cuidado de hijos menores; no debemos
olvidar que, un aumento tan brusco de población, entraña problemas añadidos
derivados de la adaptación de culturas distintas, de étnias en muchos casos
marginadas en sus propios países de origen y de las propias dificultades de
acogida surgidas de las distintas costumbres, a veces enfrentadas, entre los
inmigrantes y los ambientes españoles en los que deben integrarse.
Por eso suena a demagogia, a recurso
manido y a no querer aceptar la realidad que todos vemos a diario en nuestro
entorno, el tachar, por parte de ZP y sus acólitos, los socialistas, de
xenófobas y de insulto a los inmigrantes el querer establecer una política de
inmigración fundamentada en unas reglas, que no tienen otro objetivo que evitar
esta confrontación entre las diversas culturas que forzosamente se ven obligadas
a convivir en un mismo país. No han sido precisamente un ejemplo a seguir las
distintas regularizaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo socialista, unas a
la fuerza, a causa de la presión de una masa incontrolada de gentes que,
aprovechándose de la debilidad de la vigilancia en nuestras fronteras, nos
invadió, tomando por asalto a nuestra nación, y otras, menores, pero no por ello
menos injustificadas, motivadas por la necesidad de regularizar la situación de
las pateras que invadieron las Canarias y que siguen llegando a dichas islas y
otros puntos de la península sin que, al parecer, se haya encontrado el sistema
de parar tal éxodo, a pesar de los infructuosos viajes de Moratinos a África y
de los cientos de millones con los que ha intentado comprar a los dictadores,
que han encontrado el sistema para disminuir la pobreza de sus países utilizando
el sistema de deshacerse de parte de sus habitantes menesterosos.
Dejando aparte el hecho cierto de
que, por cada inmigrante que se incorpora a un puesto de trabajo en España, en
virtud de las leyes de reagrupamiento familiar se pueden contar con un mínimo de
dos o tres personas más de su familia (en ocasiones difícil de demostrar) que se
desplazan a España con ellos. El impacto que pueda ocasionar el que unos
millones de personas de distintas procedencias se afinquen en nuestras ciudades
y la incidencia que puedan ocasionar a nuestra Seguridad Social el que, por una
sola cotización, se tenga que atender a cuatro o cinco beneficiarios más, que no
aportan trabajo ni riqueza, puede resultar una carga difícil de sostener. Si,
por si fuera poco, sabemos que los primeros que van a ser perjudicados por la
crisis económica van a ser ellos y, por tanto, van a contribuir a aumentar el
desempleo y a ser beneficiarios de sus prestaciones; podremos decir que es un
factor que puede ser determinante, en un futuro próximo, en la financiación de
nuestro sistema de Pensiones y en el sostenimiento de nuestros sistema
Sanitario, ya saturado en demasía.
Pero no perdamos de vista a todos
aquellos que vivaquean por nuestras tierras, sin contrato, sin trabajo, viviendo
a salto de mata cuando no delinquiendo, que nos han aportado una cultura propia
de la favelas brasileñas y de los barrios bajos de las repúblicas de Cono Sur,
desconocida en estas tierras hasta su llegada, que se ha implantado de forma
violenta en nuestra sociedad, con la aparición de bandas latinas; la llegada de
organizaciones para-militares provenientes de antiguos luchadores y guerrilleros
kosovares y de otros territorios del este, que han conseguido poner en
cuarentena la proverbial seguridad de la que gozábamos, aparte de aumentar de
una manera alarmante el número de crímenes por violencia de género. Este lumpen,
que se ha asentado valiéndose de la permisividad de nuestras autoridades (en
Catalunya se encuentran tan a gusto que se mueven en ella como peces en el agua)
y atraídos por la fama, que hemos adquirido en el resto del mundo, de ser una
nación de acogida de todo tipo de tendencias y sumamente flexible ante
comportamientos delictivos y antisistema; con una policía tolerante y poco
efectiva; es una bomba de relojería que, si permitimos que se vaya desarrollando
sin ponerle coto, es muy probable que en una plazo relativamente corto convierta
a algunas de nuestras ciudades en algo parecido al Chicago de los años 30.
Ante esta perspectiva el que se haya
hecho una propuesta de que se ponga en marcha un contrato de integración que
tenga por objeto el controlar quien entra en nuestra patria, que quien venga lo
haga para trabajar y no para delinquir; que se expulse a los delincuentes de
vuelta a sus países de origen; que los que vengan se comprometan a integrarse en
la sociedad española, ateniéndose a nuestra leyes, pero no sólo de puertas para
afuera ( como parece que quiere el señor Zapatero a quien, por lo visto, le
basta con el formulismo de una aceptación simbólica), sino con todas sus
consecuencias ( prohibición de ablación del clítoris, supresión de la poligamia
etc). Porque esta “pluralidad” de la que se jacta el señor ZP, no puede, de
ninguna manera, significar el mirar hacia otro lado cuando se cometen actos que
repugnan a nuestra conciencia de ciudadanos y que atentan contra nuestro
ordenamiento jurídico. Si vienen a vivir con nosotros tienen derecho a gozar de
nuestros derechos pero, y ello no puede ser olvidado, tienen la obligación de
asumir todos y cada uno de nuestros deberes. Esto supone el contrato propuesto
por el señor Rajoy y, prueba de su oportunidad es que, solamente, se han opuesto
frontalmente a él aquellos que hace unos días ofrecieron apoyo a ZP, los que
pretenden islamizar a España y traernos sus propias leyes islámicas (cortar las
manos a los ladrones, ahorcar a los homosexuales y apedrear a las adúlteras,
entre otras exquisiteces) Sólo la ignorancia, el fanatismo y la inconsciencia de
algunos, puede estar en contra de una medida tan oportuna y necesaria para
regular esta invasión descontrolada que padecemos desde que ZP y los suyos
gobiernan España. Pero ya sabemos, ¡el PSOE no se ahorra con nadie, va a lo
suyo!
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