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Los
símbolos que utiliza un pueblo tienen que ver con su propia idiosincrasia, son
expresiones de aquello que une a los ciudadanos, son manifestaciones de todas
aquellas normas, sentimientos y costumbres que han cohesionado a todos los
componentes de una comunidad, para encauzarlos hacia una aventura común distinta
de la de otras colectividades, que también tienen los suyos. No es algo baladí
que pueda rechazarse por voluntad de unos pocos o de lo que se pueda prescindir
por un capricho pasajero de un determinado gobierno o que puedan ser suprimidos,
voluntariamente, por unas determinadas comunidades de las que esté integrada una
nación. Es por ello que, en nuestra Constitución de 1978, también se recogen los
símbolos que debemos respetar por formar parte de la tradición secular de
nuestra nación, por ser una parte fundamental de nuestra cultura y por
representar todo aquello que nos une a los ciudadanos, por encima de lo que nos
separa. Sólo se podrían cambiar o prescindir de ellos si, una mayoría aplastante
de la ciudadanía, lo decidiese o si la fuerza aplastante de una revolución nos
obligase a ello. Pero mientras España sea España, de ninguna manera.
Uno de los símbolos que la Constitución ha
recogido, es la Monarquía. Es evidente que en España hay muchos que no somos
especialmente adictos a esta figura institucional, pero hay que reconocer que
una monarquía parlamentaria, lejos del absolutismo que padecimos en nuestra
nación en épocas anteriores, que tan nefastos fueron para el país, tiene sentido
si, como ocurre en nuestra nación, ha quedado reducida a uno de los símbolos de
ligazón entre las derechas e izquierdas, fracciones en las que está dividido,
fundamentalmente, el pueblo español. Por ello no cabe que determinadas opciones
separatistas se arroguen la potestad de prescindir de ella, sólo porque dentro
de los límites de sus respectivas autonomías una mayoría (a veces ni a eso
llegan) lo haya decidido. España es una nación y por ello, esté dividida en
provincias, regiones o autonomías, ha de ser la voz de toda la nación, expresada
en un referéndum, la que deba tomar sus decisiones en cuanto a la forma de
Estado que queremos ser. Desde los, ahora denostados por algunas facciones
separatistas, Reyes Católicos, hasta este siglo XXI en el que vivimos, nuestro
país ha mantenido incólume su unidad y salvo en pequeños periodos, su régimen ha
sido el monárquico, que en definitiva ha resultado ser el menos malo.
Otro de los símbolos al que nos hemos acogido los
ciudadanos, es la bandera nacional. La Insignia patria, que debe ondear en todos
los edificios oficiales de la Nación, no es un simple pedazo de tela con unos
determinados colores, es la enseña que escogimos para que represente las
esencias de nuestro pueblo, la bravura de nuestro ejército, nuestro conglomerado
de costumbres y lenguas, nuestra unidad dentro de la diversidad y nuestro
destino común entre el resto de naciones que configuran nuestra civilización
actual. Ella ha servido de mortaja a muchos héroes, de consuelo a muchas
familias desconsoladas, de orgullo a muchos ases del deporte y de esperanza y
respeto para todos aquellos que creemos en los valores que representa.
Es por ello que muchos nos hemos alegrados de que,
aunque tarde, el Tribunal Supremo haya dejado claro que nadie, sea el Presidente
del Gobierno, sea el Parlament Catalán o sea el Gobierno Vasco, tengan la
potestad de poderla excluir del lugar de honor que le corresponde, en las astas
de los edificios señeros de todas las autonomías que forman nuestro Estado. Sin
embargo, el empecinamiento de algunos nacionalistas excluyentes; el odio hacia
todo lo que pueda representar un signo de españolidad; el rencor de aquellos que
sucumbieron por no querer aceptar las reglas del juego democrático; ha dado
lugar a que, tanto en Cataluña ( hay más de cien municipios en los que no se
exhibe la insignia nacional) como en el País Vasco, en el que, con
premeditación, alevosía y chulería, los dirigentes abertzales, los seguidores
del inventor de historias, Sabino Arana, y del separatista e infractor de la
normativa del estado, señor Ibarretche, individuo singular, controvertido hasta
dentro de su propio partido y uno de los cánceres más dañinos que pudiera
padecer la nación española; se han empeñado en que no ondee en sus edificios,
llegando al extremo de renunciar a poner la Ikurriña para así, haciendo una
interpretación falaz de la ley, evitar colgar la bandera española.
Pero aquí entra la picaresca de nuestros
gobernantes. Para ejecutar la sentencia del Supremo es preciso que desde la
fiscalía se inste a su aplicación, se ponga en marcha el procedimiento para que
fiscales y abogados del Estado, se pongan las pilas y empiecen a denunciar a los
que, con martingalas, pretendan esquivar el cumplimiento de lo dispuesto por el
TS. Vean aquí que, el señor ministro de Justicia, señor Fernández Bermejo, sí,
ya le conocen ustedes, es aquel ogro que amenazaba con un Armagedón legal a
todos los padres de familia que objetaran la aplicación en las escuelas de la
Educación para la Ciudadanía; pues este mismo señor, este ministro de bases
comunistas, este sujeto permanece inane, impávido don Tancredo, sin mover un
dedo, sin que se le despeine un pelo de su hirsuta barba, impasible ante la
infracción flagrante de la ley, cometida por los amigos del señor Zapatero, sus
cómplices en la gobernación y los que se han venido burlando de él durante toda
la legislatura, los separatistas catalanes y vascos. O ¿es que para señor F.
Bermejo, la Ley no es igual para todos?, o ¿es que, señor F. Barmejo, cuando son
aliados puede pasarse por alto?, o ¿es que, señor ministro, usted y Zapatero
están por encima de la ley y de la Constitución? Porque, si así es, ningún
ciudadano español está en la obligación de acatar sus órdenes, soportar sus
cacicadas, ni aguantarle sus perogrulladas porque, simplemente, estará usted
prevaricando. Estoy esperando ansioso su reacción y espero ver a la policía y a
la ertzaintza proteger a nuestra insignia nacional, aunque para ello usted deba
tragarse todos los sapos del Coto de Doñana.
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