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Quiero empezar esta carta llamando al sentido
común de los lectores. Hablar de una tasa que sube no es fácil de entender desde
el mundo de las emociones. Pero también es verdad que la realidad es muy tozuda
y por más que nos empeñemos en evitarla, esta ahí, inamovible.
Lo cierto e ineludible es que todos los años
producimos 60.000 toneladas de residuos, que aproximadamente 350 ciudadanos
trabajan y cobran por realizar el trabajo de recoger la basura que depositamos
en los contenedores y espacios públicos de nuestra Ciudad, transportándola a un
Centro de Tratamiento donde tratarla adecuadamente para que no nos limitemos a
cambiar el problema de sitio. Para todo esto tenemos necesidad de una logística
de unos medios técnicos, dos centros municipales, CRR y Cemulimp, que actúan
como soporte e infraestructura de toda esta organización. Ésta es la realidad,
60.000 toneladas de residuos, 350 empleos y una infraestructura logística.
Todo esto tiene un coste económico que financiamos
en parte con la tasa de basura, así llamada por el ciudadano de a pie, convenios
que regulan las retribuciones de estos trabajadores, las inversiones precisas
para la infraestructura logística, el tratamiento correcto de los residuos
transformándolos en compost...
El Gobierno local del que soy miembro se encontró
al tomar posesión con un contrato adjudicado, que a mi entender fue una decisión
acertada, con un incremento del coste de tratamiento de los residuos de un 30%
aproximadamente, con una Ciudad que no tenia implantada la recogida selectiva en
un 40% de la misma.
Puedo añadir a esto que lo cómodo para mi Gobierno
hubiera sido no subir la tasa, ¿pero qué hubiera pasado? ¿Se podría reducir el
número de empleados? ¿Se podría reducir el número de toneladas de residuos? ¿Se
podría cerrar las infraestructuras? ¿Se podrían inmovilizar los medios
mecánicos? Evidentemente no. La lógica presupuestaria de las Haciendas Locales
hubiese obligado a afrontar estos gastos, ya que los define como "gastos
obligatorios" y el hecho que los mas de 30.000 contribuyentes no aportasen los
2'50 € al mes hubiese obligado a restar presupuesto de las políticas sociales,
culturales, educativas, deportiva, de empleo, o sea, de todo aquello que la
"lógica presupuestaria" define como "gastos voluntarios".
Como principiante en el mundo de la política he de
confesar que me causa, al menos, perplejidad, escuchar a los portavoces de otras
formaciones políticas que hacen bandera de las políticas sociales, culturales,
de la mujer, de la educación, discrepar en contra de este incremento de 2,50 €
al mes, como si no supieran que esta financiación, además de garantizar el
sueldo de los empleados de la limpieza publica, la calidad de la limpieza
publica y la existencia de unas infraestructuras sostenibles, permite al
Gobierno local seguir destinando impuestos para esos "gastos voluntarios" que
son los exponentes de una Ciudad, además de limpia, solidaria con los débiles,
educada y sana. Otro discurso incompresible es que el contrato se adjudicó a la
empresa que menos había mejorado la oferta económica. Es decir, de ese precio
máximo que el Ayuntamiento está dispuesto a pagar por el servicio que se recoge
en el pliego de condiciones, las empresas suelen decir "yo presto el mismo
servicio por "X" dinero menos" y muchas veces -según los criterios de baremación
que marque el pliego- se prima esa economía frente a otras garantías como la
capacidad técnica de llevar a cabo el servicio. En este caso, por suerte o por
desgracia, el Sr. García de Quirós cuando elaboro el pliego de condiciones,
decidió que era más importante la garantía técnica que la economía, así que la
empresa que salió elegida era la más cara pero la que más servicios prestaba a
la ciudad.
Mi deseo es conseguir administrar lo público con
un criterio de eficacia, entendido como la prestación de servicios públicos con
unos índices de calidad óptimos, respondiendo de forma regular y continua a las
expectativas y necesidades del ciudadano, y que esa financiación nos permita
cumplir con nuestra obligación de implantar los contenedores amarillos, verdes y
azules en todo el suelo residencial de nuestra Ciudad, poder pagar el coste que
tiene que esas 60.000 toneladas se transformen en compost para el uso agrícola,
y que los residuos que no sean degradables sean enterrados con las garantías
ambientales; con estos 2'50 € por familia y mes, implantamos la recogida
selectiva en playas y pinares municipales y su transporte a la planta de
recuperación y reciclaje, se financian los vehículos propulsados con gas natural
para la recogida de los contenedores, que contaminan menos y producen menos
ruidos, financiamos la planta de reutilización de agua depurada que supone
ahorrar 63.000 m3 de agua potable para el uso humano.
Sé que me he propuesto, quizás un imposible,
convencer a los contribuyentes que sus aportaciones van en beneficio de todos,
pero a pesar de los pesares confío en la capacidad ciudadana de valorar a los
gobiernos por sus resultados. Este Gobierno va a cumplir con sus obligaciones
ambientales, y la prueba está a la vuelta de la esquina. En el presupuesto de
2008 veréis reflejados cómo el dinero que aportáis para la limpieza pública en
general, playas, pinares, selectiva, vehículos ecológicos, Planta de
reutilización de aguas residuales y para garantizar el correcto destino de
"nuestras basuras", serán efectivamente destinados a esos fines.
En fin, la aplicación del axioma del que los
europeos hacemos gala, "quien contamina paga" adquiere su mayor grandeza cuando
ese pago se convierte en hacer de El Puerto una Ciudad sostenible, entre todos. |
DIARIO Bahía de Cádiz
(BC) v. 1.8.