Número 3.276 - Año XIII - martes, 27 de junio de 2017

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Irene García, única presidenta de una Diputación en Andalucía, entre sus cinco homólogos socialistas

Las seis diputaciones andaluzas ‘del PSOE’ exigen a Rajoy que les deje decidir sin restricciones en qué gastar el superávit

Redacción - 19/06/2017 (21:32h)

 

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Granada ha sido el escenario de un nuevo encuentro del foro en el que convergen las diputaciones de Cádiz, Sevilla, Granada, Huelva, Córdoba y Jaén; o lo que es lo mismo, las seis de las ocho instituciones provinciales andaluzas con gobiernos del PSOE. La reunión ha permitido reiterar, al Gobierno central del PP, una reclamación compartida: poder decidir el destino de las inversiones que estén financiadas con los remanentes del superávit presupuestario. La Diputación gaditana dispone de más de 23 millones sobrantes de 2016.

Granada ha sido el escenario este caluroso lunes de un nuevo encuentro del foro en el que convergen las diputaciones de Cádiz, Sevilla, Granada, Huelva, Córdoba y Jaén; o lo que es lo mismo, las seis de las ocho instituciones provinciales andaluzas con gobiernos del PSOE. Las diputaciones de Málaga y Almería tienen presidentes del PP.

La reunión ha permitido reiterar, al Gobierno central del PP, una reclamación compartida: poder decidir el destino de las inversiones que estén financiadas con los remanentes del superávit presupuestario. En el caso de la provincia gaditana, la presidenta Irene García ha precisado que su Diputación dispone de 23,2 millones de euros –tras la liquidación del ejercicio de 2016- que esperan la decisión de Rajoy para ser aplicados como inversiones productivas.

La también secretaria general del PSOE en Cádiz ha repetido que “el Gobierno debe respetar la autonomía local”, de manera que los ayuntamientos también puedan decidir las inversiones que realmente necesita la población. En el año 2016 se autorizó la cobertura de inversiones, siempre que cumplieran el criterio de ser “financieramente sostenibles”; es decir: que no comportasen nuevos gastos de personal para su mantenimiento posterior. Ahora, las diputaciones que se han reunido en Granada, defienden que debe vencerse esta restricción, considerando el rigor que han demostrado las entidades locales en la gestión de sus recursos económicos conforme a los requisitos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El pleno de la Diputación gaditana del pasado mes de mayo ya aprobó por unanimidad –incluso con los votos de la derecha- esta reclamación al Ejecutivo central; una solicitud que también está avalada por los ayuntamientos de la provincia, UGT y CCOO.

Los presidentes de estas seis instituciones provinciales de la región han insistido en que no están de acuerdo en que una buena parte del superávit tenga que destinarse a amortizar deuda. Ya en comparecencia pública, el representante de la Diputación de Granada, José Entrena, ha destacado como ejemplo que la institución que preside cierra el ejercicio pasado con un superávit de 43,6 millones, de los que 18,2 tienen que dedicarse a amortizar deuda cuando podrían invertirse para cubrir necesidades de los municipios granadinos.

En este asunto ha incidido el presidente de la Diputación de Sevilla y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, quien ha asegurado que el 70% de las entidades locales andaluzas tiene superávit. En este sentido, ha destacado que el superávit de los ayuntamientos de la comunidad asciende a 1.200 millones, a lo que habría que sumar 200 millones de sus diputaciones. “Queremos autonomía local para decidir en qué gastar el superávit”, ha afirmado Villalobos.

En el encuentro también han intervenido asimismo los presidentes de las diputaciones de Jaén, Francisco Reyes; de Córdoba, Antonio Ruiz; y de Huelva, Ignacio Caraballo, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz.

Además, en esta plataforma de diputaciones socialistas se han compartido experiencias sobre la implantación de la administración electrónica en los municipios. También se han abordado la situación de las plantillas de las instituciones; sobre este último asunto han explicado los problemas de gestión que se están padeciendo a tenor de las dificultades para cubrir las plazas del personal que se jubila. En consecuencia han planteado llevar una iniciativa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para pedir al Gobierno central que las instituciones provinciales puedan hacer una oferta de empleo público para cubrir las vacantes.

Entre los asuntos tratados en la reunión destacan también el Plan de Caminos Vecinales que podrán en marcha las diputaciones a través de un convenio firmado con la Junta de Andalucía y que supondrá una inversión de 66,5 millones en la comunidad y la aplicación del grado 1 de la Ley de Dependencia.


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