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La actuación policial en Filosofía y Letras “parece evocar etapas predemocráticas”; absueltos los dos acusados de resistencia


Los dos jóvenes acusados de un presunto delito de resistencia a la autoridad cometido cuando fueron desalojados por parte de la Policía Nacional del interior de la Facultad de Filosofía y Letras de la capital gaditana en enero de 2012, durante una protesta pacifica y sin incidentes hasta ese momento de Valcárcel Recuperado, han sido absueltos por el Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz, que tacha de “contundente a la par que desproporcionada e indiscriminada” la actuación de los agentes cuya entradas en sede de la Universidad “en ningún momento fue solicitada ni autorizada”. La Fiscalía solicitaba seis meses de prisión.

María e Iván, los dos jóvenes acusados de un presunto delito de resistencia a la autoridad cometido cuando fueron desalojados por parte de la Policía Nacional del interior de la Facultad de Filosofía y Letras de la capital gaditana en enero de 2012, durante una protesta del colectivo Valcárcel Recuperado, han sido finalmente absueltos por el Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz. La Fiscalía solicitaba seis meses de prisión.

“La mera negativa a identificarse, el leve forcejeo que ofrece quién se resiste pasivamente a su detención, o, el entorpecer una actuación policial de dudosa proporcionalidad o difícil justificación, teniendo la Policía la disponibilidad de medios y de otras alternativas, en sus competencias preventivas a desplegar para evitar mayores perjuicios; no son hechos constitutivos de delito”, subraya la sentencia.

“Las conductas y reacciones imputadas a los dos procesados solo serían susceptibles, a mi juicio, de sanción y reproche en el ámbito administrativo o incluso universitario, si se parte y afirma la legitimidad de la actuación policial que se ve afectada”, se añade en la misma, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz.

Los incidentes juzgados tuvieron lugar tras un acto de protesta de la plataforma Valcárcel Recuperado –pocos días después del desalojo del edificio frente a La Caleta, ocupado durante meses y abierto a la sociedad de forma autogestionada-, y durante la celebración de un evento en el contexto de los actos del Bicentenario de la Constitución de 1812, en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras con presencia, entre otros, del juez Fernando Grande Marlaska. Un grupo de agentes irrumpió para desalojar a los manifestantes pacíficos cuando ya se retiraban y sin que hubiera ocurrido enfrentamiento alguno. El juez es más concreto: “sin que en ningún momento se viera comprometida durante tales hechos la seguridad o integridad de los presentes o de la autoridad judicial”.

En su momento, el entonces y todavía rector de la UCA, Eduardo González Mazo, dejó claro que “desde la Universidad ni se solicitó presencia policial alguna ni se demandó en ningún momento la intervención de los agentes”. Esa misma noche, se dirigió ya telefónicamente al subdelegado del Gobierno en funciones para pedir explicaciones sobre lo sucedido; nunca las dio.

“La intervención policial, en ningún momento solicitada ni autorizada por esta institución universitaria, puso en riesgo la seguridad tanto de los participantes en el acto como de los dos centenares de personas que en ese momento desarrollaban su actividad en el centro; asimismo supuso un atentado contra lo que significa y representa la Universidad en general y una Facultad de Filosofía y Letras en particular, que han de ser espacios en los que el diálogo y el entendimiento primen sobre cualquier otra forma de interacción entre las personas, y sobre todo exentos de violencia de cualquier tipo y procedencia”, remarcaba también en esos días una declaración de la Junta de Facultad.

“El operativo (policial) se excedió y extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al acceder al recinto universitario, proceder a la violenta e innecesaria detención de un estudiante y al hacer un uso indiscriminado de las defensas personales contra todos los asistentes”, expone la sentencia absolutoria en otros de sus puntos, donde además se llega a cuestionar el atestado de los agentes: “exagera”, una vez contrastado con otros testimonios y pruebas gráficas y audiovisuales.

En este sentido, subraya que “la contundente a la par que desproporcionada e indiscriminada actuación de los agentes, por más que su presencia inicialmente pudiera calificarse de justificada, ordenada y preventiva, dentro de un recinto universitario en el que se desarrollaba una charla o mesa redonda paradójicamente sobre la libertad de expresión, sin que previamente se produjera una grave alteración del orden o se comprometiera si quiera de forma leve la seguridad o integridad de los asistentes o de la personalidad judicial que contaba con su propio servicio de escolta, sin optar por otras alternativas menos atentatorias o drásticas, que la de proceder a una semi-carga policial en el exterior del aula magna, por más que la protesta se produjera sin estar autorizada y fuera de todo cauce legal, pero no en la vía pública si no dentro de un recinto autónomo, estando presentes las máximas autoridades universitarias, empezando por su rector y decano; privó, a mi juicio, de la necesaria legitimidad a aquella actuación a la vista de su documentado resultado, de las lesiones contusas que sufrieron no solo los agentes actuantes pese a sus protecciones, si no también al menos cinco asistentes además de los dos imputados, y, del propio lugar y contexto en el que se produjo, que parece evocar o rememorar etapas predemocráticas, felizmente superadas”.

LOS ACTIVISTAS ACUSADOS DE OCUPAR VALCÁRCEL, TAMBIÉN ABSUELTOS

La Audiencia Provincial de Cádiz, por su lado, también absolvía el pasado mes de septiembre a los cinco integrantes de Valcárcel Recuperado, revocando así el fallo del Juzgado de lo Penal, que les acusó de liderar en junio de 2011 la ocupación de este Bien de Interés Cultural (BIC) entonces y ahora abandonado a su suerte.

Basó su decisión en el estado que presentaba el inmueble cuando fue abierto a la ciudadanía por los activistas; quienes sacan como conclusión que “es legítimo, y ahora sabemos que no es punible organizarse contra las injusticias, aunque esto implique desobediencia civil y no acatar las normas preestablecidas. Se trataba desde un principio de darle un uso social al edificio y hacerlo invitando a cualquiera a la gestión del mismo”.


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