La empresa municipal de Suelo y Vivienda (Suvipuerto) ha conocido el fallo de la demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Social de Jerez por el ex gerente, Luis Márquez, con motivo de la extinción de su contrato. En apenas unos días, se convocará al Consejo de Administración, para informar y valorar el contenido de la sentencia, estudiando también la posibilidad de continuar el proceso, presentado el correspondiente recurso.

 

No obstante, el actual Consejero Delegado, Jesús González Beltrán ha realizado algunas puntualizaciones en relación con este caso, ya que aunque la justicia declare improcedente el despido y condene al pago de una indemnización, “Suvipuerto no tendrá que asumir la elevada cifra que demandaba el anterior gerente”, aclara en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.

 

Así, la sentencia considera probado que el demandante ejercía como un alto cargo y no como un trabajador asalariado. Según se recoge en la misma, la naturaleza de la relación laboral era de “alta dirección”. Esta consideración   realizada por la jueza titular de sala de lo Social número 1 de Jerez, se ha fundamentado en varios aspectos, entre ellos, el elevado salario que percibía Márquez, su nombramiento como consejero delegado y el anexo a su contrato de trabajo que incluía un pacto de no concurrencia, propio aunque no exclusivo de los altos cargos. Por tanto, la indemnización que había solicitado el ex gerente y que rozaba los 170.500 euros “no ha prosperado”.

 

El Consejero Delegado explica que al quedar plasmado en sentencia que Márquez era alto cargo, “se ha desestimado que haya que pagar 45 días de salario por año de servicio, reduciendo el importe a 20 días de salario por año de servicio”. Este hecho, según  González Beltrán, “es para Suvipuerto un motivo de satisfacción, ya que desde el primer momento, así lo argumentamos y defendimos. Además supone un desembolso económico mucho menor, ya que percibiría algo más de 53.000 euros en concepto de indemnización”.

 

Suvipuerto está valorando la posibilidad de interponer un recurso ante la sentencia, al entender  que determinadas pruebas documentales presentadas por la empresa “no han sido consideradas del todo por el tribunal”. Este extremo será visto por el Consejo de Administración de la empresa municipal.