El Pacto por la Vivienda es
desde el miércoles 30 de abril una iniciativa asumida por 28 municipios de
la provincia de Cádiz con poblaciones de menos de 20.000 habitantes, por lo
tanto, ninguno de la Bahía. Alcaldes y concejales de estos ayuntamientos han
suscrito en la Diputación el Protocolo Provincial de Vivienda y Suelo,
igualmente rubricado por el consejero de Vivienda y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas y por el presidente de la
Diputación gaditana, Francisco González Cabaña. El Pacto está fundamentado
en la necesidad de agilizar la construcción de vivienda protegida como medio
para cumplir el derecho constitucional y estatutario de acceso a una
vivienda digna. A esta razón de fondo se le une en estos momentos la
necesidad de incentivar al sector de la construcción.
La estrategia del Pacto por la
Vivienda fue concertada por la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias el 13 de diciembre de 2007; su aplicación en los
municipios con menos de 20.000 habitantes fue acordada el 15 de enero de
2008 por el presidente de la Junta, Manuel Chaves y los titulares de las
ocho Diputaciones andaluzas. Los objetivos del Pacto han sido ahora
refrendados por 28 de los 29 municipios menores de la provincia gaditana
(sólo el Ayuntamiento de Ubrique ha renunciado a la firma del protocolo).
Las localidades firmantes son las siguientes: Alcalá de los Gazules, Alcalá
del Valle, Algar, Algodonales, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Bornos,
Castellar, Chipiona, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Jimena,
Medina, Olvera, Paterna, Prado del Rey, Puerto Serrano, San José del Valle,
Setenil, Tarifa, Torre Alháquime, Trebujena, Vejer, Villaluenga, Villamartín
y Zahara de la Sierra.
Según informaron fuentes de
Diputación a DIARIO Bahía de Cádiz, un primer análisis sobre demanda
realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía
determina la necesidad de 7.688 viviendas en el conjunto de municipios
gaditanos que han suscrito el protocolo. No obstante Diputación comunicará a
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, antes del 30 de
junio, la programación específica de cada localidad que servirá de base para
el Plan Concertado de Vivienda 2008-2012 que adoptará el Gobierno
autonómico.
Antes de llegar a estos detalles
los ayuntamientos precisarán los suelos aptos en sus respectivos términos;
esta información municipal se someterá a un análisis de viabilidad
emprendido por Diputación en coordinación con la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). En estos procesos Diputación empleará los recursos de dos
áreas –Vivienda y Suelo, así como Asistencia a Municipios- y de dos empresas
públicas, Provisa y Gitsa, si bien estas dos sociedades van a fusionarse
próximamente en una nueva entidad.
Una vez que se concrete la
programación específica antes del 30 de junio, con actuaciones viables
económica y jurídicamente, se podrán firmar los convenios de gestión con
cada Ayuntamiento. En dichos convenios se distinguirán dos fases: una
inicial aplicable en los dos primeros años del Pacto por la Vivienda en
suelos edificables; y una segunda fase, aplicable en cuatro años, prevista
en los suelos pendientes de desarrollo.
LA MAYORÍA DE
NUEVAS VPO NO EXCEDERÁN DE LOS 80.000 EUROS
Dos terceras partes de las
viviendas protegidas que se construyan al amparo de este acuerdo se
destinarán a familias cuyos ingresos no superen en 2´5 veces el Índice
Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). Los inmuebles dispondrán de
una superficie comprendida entre los 70 y los 80 metros cuadrados y su
precio no excederá de los 80.000 euros.
El Pacto por la Vivienda trata
de superar los escollos económicos que encuentran diversos sectores de la
población para acceder a una vivienda: menores de 35 años, mayores de 65,
personas con discapacidad, familias monoparentales, familias numerosas o con
personas dependientes, personas con riesgo de exclusión social... conforman
un colectivo prácticamente desvinculado del mercado inmobiliario.
El presidente de Diputación,
Francisco González Cabaña, ha destacado que “ya no hay excusas para acelerar
el ritmo de construcción de viviendas protegidas”, a tenor de la normativa
vigente: Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley de Vivienda y
Suelo, decreto para regular la instalación de campos de golf así como los
procedimientos aplicados para agilizar la dotación de nuevas reservas de
suelo.
El nuevo consejero de Vivienda y
Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se ha manifestado en la misma
línea, al reiterar que la construcción de vivienda protegida cuenta con un
contexto legal muy favorable “y se trata de una prioridad política
reafirmada en la nueva estructura del Gobierno andaluz con la creación de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio”.
Al acto celebrado el
miércoles en Diputación también han asistido el responsable del área de
Vivienda y Suelo de la administración provincial, José Antonio Barroso, así
como el delegado provincial del Gobierno andaluz, José Antonio Gómez Periñán,
entre otras autoridades.
DIARIO
Bahía de Cádiz (BC) v. 1.9.