29/08/2010. Redacción

El concejal de IU en el Ayuntamiento de El Puerto, José Manuel Vela, ha presentado una moción al próximo Pleno instando al Gobierno central y a la Junta de Andalucía a poner en marcha un plan urgente de saneamiento de los ayuntamientos

Recuerdan desde IU que el próximo 31 de diciembre finaliza el plazo que tienen los ayuntamientos para solicitar los últimos créditos “que les permitan subsistir y atender medianamente bien los pagos y las obligaciones derivadas de sus muchas deudas”.

La  situación que atraviesan los consistorios españoles, según el edil de IU, José Manuel Vela, “es muy grave”, y estima que “en pocos meses” no existirán recursos económicos para inversiones, y “habrá ayuntamientos que no podrán pagar las nóminas de los empleados públicos, los proveedores y contratas”.

También considera que “la limitación al endeudamiento municipal impuesta por el Gobierno central, tiene otros efectos negativos” que pueden suponer un “desastre” para planes de inversión por cofinanciación entre distintas administraciones o vinculadas a fondos europeos, ya que son los ayuntamientos “los que adelantan los pagos” y más tarde, la Junta o la Administración central, “les reembolse su parte”.

El objetivo de la contención del déficit al 3% de aquí a 2013 y la decisión  de cerrar el crédito, son “medidas drásticas que no ayudan a resolver la caótica situación financiera y económica que padecen los ayuntamientos”, interpreta Vela.

“Para colmo”, lamenta este edil en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto tiene  que devolver más de 1,7 millones de euros en un plazo de cinco años como máximo, debido al descenso de la recaudación de 2008 que el Estado le adelantó procedente del IRPF, el IVA o los impuestos especiales, de modo que ahora serán restadas  de la  PIE (Participación en los Ingresos del Estado) las cantidades que cada ayuntamiento vaya recibiendo sucesivamente en este horizonte temporal.

Por ello, Izquierda Unida solicita a los Gobiernos central y autonómico la puesta en marcha de un plan urgente de saneamiento de los ayuntamientos, “que se realice de manera individualizada, a largo plazo y con apoyo estatal para refinanciar sus deudas, similar al que se aplicó en la Transición”.