12/03/2010. Redacción

El Ayuntamiento de Chiclana aprobó el viernes día 12, en un largo pleno extraordinario, las nuevas Ordenanzas para la regularización de viviendas en las Áreas de Gestión Básica (AGB), donde se contabilizan algo más de las 15.000 casas ilegales.

La nueva norma, que ya vio luz verde en el Pleno el verano pasado, incluye modificaciones introducidas en los últimos meses, tras las pertinentes alegaciones y reuniones con los implicados en el proceso. En todo caso, las ordenanzas resultantes siguen sin convencer a una parte de los propietarios, a la Plataforma de ciudadanos afectados (o beneficiados, según se mire), en desacuerdo con los costes. De hecho, mantiene la convocatoria de otra manifestación para el sábado 20 de marzo, bajo el lema ‘Por una regularización digna y justa’, y estudia llevar las ordenanzas a los tribunales.

En esta ocasión, tras el pertinente debate y contraste de posturas en el salón de Plenos de la Casa de la Cultura chiclanera, las reformuladas pero igualmente polémicas ordenanzas salieron adelante con el sí de los ediles del PSOE, PSA y Nadine Fernández (se supone que de IU), que ha dejado claro que pese a su respaldo, “el PSOE debe reconocer que el desaguisado urbanístico que sufre Chiclana es, en gran medida, fruto de su mala gestión y su permisividad durante tantos años en los que la construcción ha sustentado la economía local” –el tripartito que forma el Gobierno local-, y la concejala no adscrita, Estefanía Benítez. En contra  se posicionaron PP, PA y Butrón y Blanco (se supone que también de IU, todavía). Básicamente, la oposición reclama que la Junta abone parte de los costes de la regularización, y que “previamente recaudó mirando hacía otro lado”.

“RECOGE LAS PETICIONES DE LOS VECINOS”

La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento, Cándida Verdier, ha venido defendido en los últimos días que las modificaciones incluidas en la Ordenanza para la Regularización de las AGB recogen las peticiones y sugerencias realizadas por los vecinos agrupados en la Plataforma de afectados, con lo que se han mantenido hasta seis encuentros, las alegaciones presentadas en el periodo de exposición pública de este documento y las sugerencias realizadas por otros colectivos y personas con los que se han mantenido numerosos encuentros en el proceso de elaboración y corrección de la Ordenanza.

Los principales cambios son la ampliación de la fecha límite para que una vivienda pueda incluirse en el proceso de regularización y que se ha cambiado de mayo de 2007 al 26 de marzo de 2009, fecha en la que el Ayuntamiento firmó con la Junta de Andalucía el Plan Municipal de Inspección; el condicionamiento de los vecinos para incluirse en este proceso a un estudio previo que elaborarán los técnicos de la Gerencia de Urbanismo relativo a los costes y detalles de la urbanización, así como a un estudio de cargas. “Los vecinos sabrán, antes de sumarse a este proceso, cuál será el coste real del mismo y cuáles son las actuaciones que se recogen en el mismo. Es imposible realizar este anteproyecto antes de aprobar las ordenanzas, pero hemos garantizado a los vecinos que tendrán toda la información necesaria antes de que se inicie su participación en la regularización. Es una modificación incluida tras la petición expresa de la Plataforma”, remarcó la edil socialista.

Por otra parte, las obras de urbanización se han dividido en dos fases diferenciadas. La primera de ellas, denominada obras primarias, contempla la creación del ciclo integral del agua, el suministro eléctrico y los servicios básicos de pavimentación, mientras que la segunda recoge el resto de las obras de urbanización, que se prorroga en el tiempo.

Asimismo, se modifica el sistema de pagos, contemplándose un pago inicial de entre 1.500 y 4.000 euros en función del tamaño de la parcela; un segundo pago del 25% del coste total previsto en el anteproyecto elaborado por los técnicos que se debe abonar antes de la resolución del expediente y un tercer pago del 15% que se hará efectivo al final de las obras. Este 40% se puede sumar y pagar a través de un canon que se abonaría con el recibo de la basura. El último pago, del 60% del coste, se puede prorrogar hasta en siete años.

Igualmente, con la colaboración de Servicios Sociales, se elaborará y gestionará una Ordenanza encaminada a ayudar a aquellas familias que no puedan hacer frente a estos pagos pero que, a pesar de ello, estén interesados en tomar parte de este proceso “ya que el objetivo fundamental de este proceso es dignificar a la población que actualmente vive sin los servicios básicos”, aseguran desde el Gobierno local.

La elaboración de este documento era una de las principales metas que se había propuesto el equipo de Gobierno tripartito –liderado por el PSOE- en el campo urbanístico, una vez reconquistado el poder en noviembre de 2008; las anteriores ordenanzas, elaboradas por el cuatripartito –liderado por el PP-, también fueron rechazadas por los vecinos.

La Ordenanza se aplicará en los terrenos clasificados por el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad como suelo urbano, dentro de la categoría no consolidado. Las Áreas de Gestión Básica son las siguientes: Majadillas Bajas; El Marquesado; Dehesilla-Majadillas Alta; avenida de La Barrosa-Noroeste; Pinares de Chiclana; Pago del Humo; Llano de las Maravillas-Hozanejos; Quintas-Sotillo y Avenida del Mueble. En total, una superficie de 18 millones de metros cuadrados.

“LAS ORDENANZAS NO OBLIGA A TODO EL MUNDO A REALIZAR ESTAS OBRAS”

El equipo de Gobierno -según se ha apuntado a DIARIO Bahía de Cádiz- también ha pedido estos días a la Plataforma de afectados que no impida que quienes quieran sumarse al proceso de regularización lo hagan, y que no prosiga faltando a la verdad en sus manifestaciones. “Es así de sencillo: aprobamos una Ordenanzas porque hay muchísimos particulares y empresarios que nos lo están pidiendo, porque quieren contar con servicios o abrir nuevos negocios. Si hay quienes no quieren hacerlo, perfecto, cuando las Ordenanzas están aprobadas no es obligatorio realizar las obras, pero que no impidan que quienes lo deseen lo hagan, eso es totalmente insolidario”.

“Cada día son más personas y colectivos los que nos demandan la aprobación de las Ordenanzas, porque quieren mejorar sus condiciones de vida y contar con agua, luz o alcantarillado, por ejemplo. A esas personas no podemos decirles que no, porque la aprobación de las Ordenanzas no obliga a todo el mundo a realizar estas obras, sólo a quienes lo deseen”, insisten desde el Gobierno local.

El Ayuntamiento reafirma que el pago de las obras corresponderá a aquellos que se verán beneficiados por ellas y, “en ningún caso”, el resto de chiclaneros puede hacerse cargo de ese coste. “Es un principio inamovible, ecuánime y que entra en la cabeza de todo el mundo, salvo en algunos miembros de la Plataforma, que están entorpeciendo todo el proceso, faltando a la verdad”.

En el otro lado, existe también otra Plataforma ciudadana totalmente opuesta, denominada Chiclana Justa: un movimiento favorable a que se ponga en marcha de una vez la legalización de estas miles de viviendas del extrarradio y que reclama que paguen quienes disfrutarán de servicios básicos –que ahora no tienen- y en su día no lo hicieron.