11/03/2010. Redacción
El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio han remitido al Ayuntamiento de El Puerto sendos informes desfavorables –son preceptivos y vinculantes- sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Informes que el Gobierno local no difundió en la reciente rueda de prensa en la que se valoró la marcha del proceso de aprobación del Plan General.
El de la Consejería es un informe preliminar sobre la adecuación del PGOU a los planes y leyes vigentes; el informe definitivo se realizará previo al trámite de su elevación a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía, que es el órgano que deberá aprobarlo de forma definitiva.
Por su parte, el Informe del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino es contundente al concluir que “no puede informar favorablemente el PGOU de El Puerto de Santa María”. Las objeciones son debidas a que en numerosas zonas no se marca o no se respeta el Dominio Publico Marítimo Terrestre o su Zona de Servidumbre, no se justifica la edificabilidad en la zona de influencia de 500 m., y se pretende recalificar suelo portuario a hotelero en La Puntilla.
Ecologistas en Acción, que informa en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz de estos dos ‘obstáculos’ al proceso de aprobación del Plan General –cuyo plazo de exposición pública y alegaciones se cerró a principios de marzo-, se centra sobre todo en el informe de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
En cuanto al informe de Incidencia Territorial de la Consejería, se ha elaborado con anterioridad al trámite de alegaciones, por lo que es provisional, debido a que el PGOU deberá ser modificado con la aceptación de alegaciones y en cumplimiento de los diferentes informes sectoriales, el más importante, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Consejería de Medio Ambiente, que ha iniciado ahora su estudio.
El informe de Incidencia Territorial es positivo en relación con el cumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), pero negativo en relación con el cumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC).
La Consejería da por buenas las cuentas “del Gran Capitán”, a decir de Ecologistas, que ha hecho el Ayuntamiento en relación con el aumento de nuevas viviendas y los crecimientos de la superficie urbanizable, “sin entrar en analizar dichas cuentas, que son manifiestamente fraudulentas”. Así, “la Junta acepta los datos de superficie urbana actual de El Puerto que toma como base el PGOU para calcular el porcentaje de crecimiento, cuando el PGOU; sin decirlo, computa a las EMAS como suelo urbano actual, lo cual es manifiestamente falso. También acepta que se exima del cómputo de nuevos crecimientos urbanísticos las zonas dedicadas por el POTBC a actividades económicas: San José-El Madrugador y Cantarranas, sin que se aclare en base a qué precepto legal se realiza estas exclusiones, pero advirtiendo que no se pueden dedicar a usos residenciales, como hace el PGOU”.
Con estos mecanismos de “ingeniería ladrillera”, este grupo conservacionista afirma que “se puede comprender cómo se han maquillado las cifras del PGOU para que ‘encajen’ en los límites impuestos por el POTA. Así, de las 21.405 nuevas viviendas que prevé el PGOU; solo computan como nuevas viviendas 10.444. Esto significaría un aumento de población en los próximos ocho años de 25.000 habitantes (ratio oficial de la Junta: 2,4 habitantes por vivienda), lo que contradice los cálculos el Instituto Nacional de Estadística que rebaja esta cifra a unos 3.000 habitantes hasta 2018. O sea, se prevé construir tres viviendas por habitantes en los próximos ocho años. ¿Para qué se incluyen otras 10.961 sin justificar su necesidad? El Ayuntamiento y la Junta dicen que es para la demanda metropolitana, pero no hay un solo estudio en el PGOU que justifique que 26.300 personas de municipios del entorno piensen trasladarse a vivir a El Puerto. Más maquillaje de cifras se ha realizado en relación con los crecimientos de nuevos suelos urbanizables, pues el PGOU solo computa 3.475.810 m2, cuando la realidad es que se recalifican 15.724.845 m2”.
Por otro lado, el informe de Incidencia Territorial sí coincide con las alegaciones de Ecologistas en Acción en el incumplimiento del POTBC en dos ámbitos claros: Cantarranas y en el Área de Reserva de Espacios Libres de la Sierra de San Cristóbal. “La ZERPLA Cantarranas debe dedicarse a actividades turísticas, pero el PGOU dedica la mayor superficie y edificabilidad a usos residenciales que deben ser eliminados. Esto significa que el PGOU deberá reducir más de 5.000 viviendas que se han incluido en esta zona de actividades turísticas”.
Igualmente, este informe destaca que en Área de Reserva de Espacios Libres de la Sierra de San Cristóbal (Corredor Verde) se incluyen actividades y usos incompatibles con el destino de esta zona, que debe ser la de un Sistema General de Espacios Libres. Ecologistas en Acción afirma que ya destacó que “en este SGEL se pretende ubicar la depuradora y el cementerio, y regularizar urbanizaciones ilegales con el eufemismo de ‘Planes Especiales de Integración Ambiental’, que el POTBC no admite, por lo que deben ser eliminadas estas urbanizaciones ilegales”.
ECOLOGISTAS PIDE QUE SE ESTUDIEN SUS ALEGACIONES
Ecologistas ha remitido a las Consejerías de Vivienda y Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente sus 732 alegaciones y confía que tras su estudio, sean aceptadas y en el informe definitivo de la Consejería se determine la adecuación del PGOU a los crecimientos máximos el POTA y a la normativa del POTBC, “para evitar crecimientos sobredimensionados, innecesarios e ilegales de viviendas y suelos urbanizables, que solo llevarían a más de lo mismo, a hacer depender a nuestra economía del ladrillo, lo que terminaría por agravar la actual crisis económica y a desviar recursos humanos y financieros necesarios para el impulso de un verdadero desarrollo sostenible con mayor solidez y respeto a nuestro medio ambiente”.
También, este grupo verde ha solicitado una reunión de trabajo al alcalde Enrique Moresco para analizar las alegaciones y realizar las modificaciones necesarias en el PGOU “para adecuarlo a la legalidad y a las necesidades sociales de la población, respetando nuestro importante patrimonio natural. Esperemos que el diálogo lleve al necesario consenso sobre la ciudad que queremos y necesitamos, y evitar así polémicas estériles y posteriores recursos administrativos y judiciales que solo vendrían a bloquear de nuevo el PGOU con el consiguiente perjuicio para todos”.
“UNOS CHICOS YEYÉ QUE NO SE QUIEREN ENTERAR”
La respuesta inmediata de la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto, Patricia Ybarra, a las manifestaciones de Ecologistas ha sido el tachar al grupo de “unos chicos yeyé que no se quieren enterar”.
Por un lado, la edil popular remarca que el informe de Costas “ha resultado sorprendente” incluso para los técnicos municipales, puesto que conocían que el equipo redactor había solicitado a Costas las coordenadas geográficas de sus dominios y volcaron esa información literalmente, al tiempo que ha señalado que “los escasos fallos existentes no justificarían un informe negativo y, en cualquier caso, se modificará según sus indicaciones , pues ésta ha sido siempre la disposición municipal”.
En cuanto al Informe de Incidencia Territorial, Patricia Ybarra califica de “ridícula” la lectura que pretende hacer Ecologistas en Acción, “empeñados en contabilizar los crecimientos y las viviendas existentes como les da la real gana y empeñados en imponer su criterio con una falta absoluta de talante democrático”.
Ybarra incide en que, “como se demuestra”, son modificaciones muy pequeñas y que por lo mismo, “muy a pesar de Ecologistas”, el Informe de Incidencia Territorial es favorable a este PGOU. “Aún así, como ya expresamos públicamente el alcalde y esta delegada, estamos muy satisfechos con el Informe de Incidencia Territorial que, comparándolo con el documento anterior que informaron en contra, casi nos felicita por las soluciones aportadas”, añade.
Por último, la concejala de Urbanismo ha señalado que la “nula capacidad” de diálogo de Ecologistas en Acción “queda demostrada por el hecho de que no se sienten antes de acabar el plazo a consensuar sus alegaciones, sino a posteriori y para pedir, o más bien exigir, que se tengan en cuenta íntegramente sus alegaciones, pretendiendo, entre otras cuestiones, usurpar la responsabilidad del equipo de Gobierno de ordenar y proponer un modelo de ciudad para imponer el suyo que nunca pasa por las urnas”.
