10/03/2010. Redacción (FOTO: Eulogio García)

Pleno provincial tenso y accidentado el celebrado en la mañana del miércoles día 10 por la Diputación de Cádiz. Su presidente, Francisco González Cabaña, ha decidido levantar la sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo que tenía lugar en el Palacio Provincial, a tenor de los “insultos” y el “tono intimidatorio” ejercidos, según el equipo de Gobierno provincial, por miembros del PP de Chipiona, liderados por presidente local, Pedro Valdés. Representantes de esta formación estaban entre el público como parte de la plataforma en contra de las eólicas marinas, que asistía a la sesión plenaria, interesada en el debate de una propuesta presentada por IU y planteada para mostrar el rechazo a la instalación de la central eólica marina Cruces del Mar en la Costa Noroeste.

La moción –que aprecia que no hay consenso social y político para emprender esta iniciativa empresarial- no llegó siquiera a debatirse. Según indican fuentes de la Diputación en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, cuando se debatía el punto anterior la diputada provincial María Naval, concejala socialista en Chipiona, solicitó el amparo del titular de la Corporación Provincial tras escuchar “reiterados insultos” proferidos por la esposa del presidente del PP chipionero y reconocida militante de dicha organización. Naval asegura que esta persona “ha escupido al suelo”, en un gesto que revela su “desprecio” al máximo órgano de la institución provincial.

Los representantes del PP de Chipiona, ante los medios, se han limitado a indicar su pertenencia a la Plataforma Por un Horizonte sin Molinos. Sin embargo, afirman desde el Gobierno provincial (PSOE-IU) sus comentarios despectivos “fueron igualmente destinados a José Antonio Barroso, portavoz de IU, quien era el proponente de la iniciativa política favorable, paradójicamente, a las tesis de la citada Plataforma”. Barroso ha reconocido los términos denunciados por María Naval.

González Cabaña suspendió el Pleno durante 10 minutos y conminó a los intimidadores a que abandonasen el Salón Regio donde se celebraba la sesión. Mas al reanudarse, y al no abandonar la estancia ninguno de los causantes de la situación, el presidente de la Diputación resolvió dar por finalizado el Pleno conforme a sus atribuciones reglamentarias.

ESTUDIANDO ACCIONES JUDICIALES

Aclaran desde la Diputación que quien intervino ante los medios de comunicación, identificándose como representante de la Plataforma, fue Pedro Valdés quien negó las acusaciones: “...de aquí van a tener que sacarme a hombros porque yo no he abierto la boca para nada”, para a continuación referirse a la Corporación Provincial como “una pandilla de alborotadores”, que crean un clima “vergonzoso”. Valdés responsabiliza de dicha crispación al presidente de Diputación, Francisco González Cabaña, “quien falta el respeto a todos”.

Olvidó Pedro Valdés identificarse como presidente local del PP, en Chipiona, razón que fundamenta la queja del equipo de gobierno de Diputación conformado políticamente por PSOE e IU: “Ha sido una intimidación premeditada, ejercida por personas acostumbradas al insulto y muy reconocidas en Chipiona por esa incalificable conducta”, según han manifestado los diputados del ejecutivo provincial.

El equipo de Gobierno se reserva su derecho a emprender acciones judiciales a tenor de lo vivido en el Pleno de Diputación.

Pero el interrumpido Pleno dio para más. Previamente se vivía la habitual tensión entre PSOE y PP. Los conservadores se sintieron ofendido cuando el socialista González Cabaña se dirigió a ellos para decirles que tenían un pensamiento único como el “nacionalsocialismo”. Y se armó la bronca.

EL PP PIDE LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE

Ya por la tarde, el PP convocaba a la prensa, y en boca de su portavoz en la Diputación, Mercedes Colombo, pedía la dimisión del presidente de Francisco González Cabaña, al considerar que hace uso de las instituciones públicas “como un cortijo" y que “ha conculcado los derechos constitucionales”.

Los populares dicen haber pedido un informe jurídico al secretario de la Diputación para saber en qué se ha basado el presidente para dar por finalizado el Pleno y ha avanzado que una vez que tengan dicho informe, estudiarán emprender acciones legales, ya que pudiera existir hasta “prevaricación”.

EL PA, DISCONFORME CON LA SUSPENSIÓN

Para el único diputado provincial del PA, Manuel Prado, “no es de recibo que se suspenda un pleno por unos comentarios insultantes, cuando lo que indica el Reglamento de la Corporación Provincial es que se desaloje a los perturbadores, no a los diputados provinciales. Además fueron comentarios, que no gritos, los cuales recriminamos, y de los cuales deben a todo caso responder la persona o personas que los emitieron, lo cual era fácil de determinar por el escaso número de personas asistente como público que no fueran de los trabajadores de la Diputación o de los partidos políticos”.

Así, según los andalucistas, el presidente González Cabaña “se ha excedido en sus atribuciones, no había necesidad de levantar la sesión, y pedimos que el pleno se convoque de nuevo lo antes posible para tratar los temas que quedaban en el orden del día”.

Prado afirma que su partido viene recriminando en esta legislatura, la tensión que se vive en los plenos de la Diputación, donde las descalificaciones están dando paso a los insultos en las sesiones. “Esa pedagogía esta afectando al público que asiste a las sesiones, pues ya ha habido otras situaciones parecidas y más graves, aunque sólo en esta que ha sido leve, sólo unas palabras insultantes al parecer, la que en este caso ha supuesto una reacción tan fuerte”.

Por su parte, el presidente del comité de enlace provincial andalucista (la unión PA-PSA), Ramón Sánchez Heredia, que estuvo presente en el Pleno, considera que “es urgente el realizar una reflexión, la vida pública no puede estar cada día tensionándose, no se pueden generalizar las descalificaciones e insultos, pues estas están desprestigiando las instituciones y la democracia”.

“El oír en un pleno comparaciones como de nacionalsocialista, están fuera de tono, luego no nos extrañemos como reacciona el público en los plenos y el ciudadano en la calle. Ni estas conductas ni la suspensión tienen justificación ni jurídica, según el Reglamento Orgánico, ni política; los Plenos son un acto único, que con el quorum necesario, debe de desarrollarse”, añade Sánchez Heredia, que afirma que este antecedente “es muy peligroso, cualquiera puede provocar que se suspenda una sesión de cualquier corporación”.