04/09/2012. Redacción (FOTO: Eulogio García -de archivo-)

Novedades sobre el presunto desfalco de cerca de 8 millones en la Caja del Ayuntamiento de San Fernando, que saltó a la palestra en 2009. El presidente de la Diputación, José Loaiza, anunció en la tarde del lunes la decisión adoptada por los Servicios Jurídicos de la institución provincial, que “ejerciendo con total libertad”, y a la vista del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la documentación existente en el Consistorio así como en el informe penal en relación a este robo, entienden que el Ayuntamiento debe interponer una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra los que son supuestos responsables: los dos cajeros imputados.

Loaiza informó de esta decisión tras haber trasladado del contenido de la demanda a los interesados así como a los portavoces de los distintos grupos municipales, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes del Ayuntamiento. La misma recoge que tanto a Clemente García como a María José Lebrero, dada su presunta responsabilidad directa y completa en el desfalco, están obligados a responder de la cantidad sustraída de las arcas municipales (más de 7,8 millones), ya sea de manera individual o mancomunada.

En el supuesto caso de que ambas personas sobre las que se dirige la demanda del Ayuntamiento no pudieran hacer frente a la exigencia de devolver el dinero, la Ley impone la figura del responsable subsidiario “con el único objetivo de que una actuación ilícita no quede impune y se restituya el daño realizado”. Esto sólo se llevaría a cabo en el caso de que quienes son considerados autores materiales de los hechos no devolviesen el dinero sustraído. Algo que no es de extrañar.

De este modo, la responsabilidad indirecta recaería sobre aquellos técnicos que, aún sin tener ninguna responsabilidad penal en la desaparición del dinero, si pudieran incurrir en responsabilidad patrimonial a la vista de la existencia de “fallos de los mecanismos de control de la Caja” tal y como determinan los informes de la investigación. Esta misma responsabilidad es atribuible a quienes en el momento en el que supuestamente se produce el delito estuviesen desempeñando el cargo de “ordenador de pagos”, que en ese caso era el alcalde.

Por tanto el Ayuntamiento isleño, en base al dictamen de los Servicios Jurídicos, ha solicitado la responsabilidad indirecta a la Tesorera Municipal, al actual Interventor del Ayuntamiento y a su antecesor en el puesto; así como a quienes ocuparon la Alcaldía en el periodo de tiempo en el que se sitúan los hechos; dándose la circunstancia de que Antonio Moreno (a quien se le reclamarían 39.000 euros) estuvo a punto de ser el alcaldable del PP en las pasadas elecciones; y de que Manuel de Bernardo (también se le reclamarían 39.000 euros), pertenece actualmente al Gobierno de Loaiza como concejal de Limpieza.

La petición de responsabilidad en este caso dice ser proporcionada tanto al tiempo como a la función administrativa encomendada a cada uno de ellos. Por ello se reclama a quienes son considerados como responsables subsidiarios, más allá de a los dos alcaldes andalucistas: más de 61.500 euros a Rafael Monzón (antiguo Interventor); más de 105.000 euros a José Antonio López (al actual); y más de 39.000 euros a Virtudes Gómez (la tesorera).

“SÓLO PERSEGUIMOS JUSTICIA”

El primer edil conservador quiso dejar claro en su comparecencia ante la prensa que es una responsabilidad subsidiaria y sólo se activaría en el caso en que los imputados como autores materiales no pudieran hacer frente a lo exigido que, en este caso, es el rembolso de la totalidad de la cantidad sustraída.

“Con esta actuación damos un paso más en la resolución del robo en la Caja municipal confiando en que la instrucción penal acabe pronto, cuanto antes. Lo que hoy hace este Ayuntamiento no prejuzga ni en un sentido ni en otro la culpabilidad, cuestión que deberá determinar el Juez. Por ello hemos actuado con cautela, sin dar pasos en falsos y acorde a los dictámenes de la Ley”, afirmó Loaiza.

“Estamos defendiendo –añadía el actual alcalde- a toda costa los derechos generales de toda la ciudadanía, que es la primera agraviada en este lamentable suceso. Ese era nuestro compromiso cuando accedimos al Gobierno de San Fernando y, como puede comprobarse, estamos poniendo todo nuestro empeño en ello, sin reserva alguna”. Sólo se persigue “lo mismo que quieren los ciudadanos a los que servimos: justicia. Por ello debemos trabajar para que lo sustraído se reintegre y que el autor o los autores materiales de los hechos den cuenta de ello”.

IU SOSTIENE QUE LOAIZA DEBE CESAR YA A DE BERNARDO

En una primera valoración de la denuncia avanzada por el alcalde del PP, y tras la imputación formal al exalcalde del PA y hoy día concejal de Limpieza, a IU en el Ayuntamiento le parece un contrasentido que se mantenga a De Bernardo como miembro de su Gobierno, “lo que demuestra que las ansias por mantenerse en el poder municipal pesan más que los intereses ciudadanos”.

La formación izquierdista recuerda que siempre ha mantenido que el anterior alcalde debió asumir la responsabilidad política del “mayor robo cometido en unas arcas municipales” al ser el máximo responsable de la custodia del erario municipal, cosa que nunca se produjo, “lo que nos lleva a pensar que nunca se producirá por motu propio”, pero “nos parece una situación esperpéntica que Loaiza le mantenga en el Gobierno tras imputarle subsidiariamente por fallos de los mecanismos de control de la Caja”.

IU interpreta en el comunicado remitido a este periódico que el actual primer edil “ha cogido el testigo de su antecesor en la rotunda afirmación de que los excajeros Clemente Ruiz García y María José Lebrero, son los únicos responsables, de forma directa y completa”, lo cual, “sólo la administración de Justicia determinará en el proceso judicial, y que los isleños esperan se resuelva lo antes posible”, pero “pasan de puntillas y por imperativo legal” por las responsabilidades políticas, administrativas y contables, “dejando y cuantificando las responsabilidades subsidiarias en su más minima expresión para salvaguardar un pacto de gobierno que les mantiene en el poder en vez de defender los intereses ciudadanos como es su obligación”.

“¿Cuándo se ha visto que un servicio jurídico actúe y decida ‘con total libertad e independencia’ al margen de los intereses de sus defendidos?, como afirma el alcalde, en un intento de eximirse de la decisión más tímida y pacata en defensa del municipio y la más beneficiosa para su socio de Gobierno”, se preguntan desde IU.

Esta formación insiste en que “por dignidad personal y política”, De Bernardo debería dimitir como miembro del bipartito que le imputa “y asumir de una vez por todas, su responsabilidad política y si como nos tememos, esto no se produce en las próximas horas, debería ser cesado por decreto de Alcaldía”.

Además, se considera una falta de respeto hacia el resto de representantes de los ciudadanos, y un incumplimiento de anteriores compromisos, que el alcalde haya reunido a la Junta de Portavoces horas después de haber presentado la demanda en el Tribunal de Cuentas, y no antes, “como hubiera sido preceptivo, y sin la posibilidad de conocer, previa a su presentación, e íntegramente, el dictamen jurídico, cosa que no se ha hecho”. “Tal y como se ha actuado, los portavoces solo han podido saber lo mismo que el resto de los ciudadanos, aunque unos minutos antes. Seguimos sin conocer la totalidad del contenido de la demanda y las consideraciones jurídicas en las que se sustenta”.

En resumen: se trata para IU de “una nueva cacicada del alcalde, un nuevo ejemplo de la falta de transparencia en la gestión municipal y de incumplimiento de acuerdos municipales, y un ejemplo más de que se quiere mantener el Gobierno a cualquier precio, incluso apoyándose en un partido y un concejal al que se acusa directamente de responsable subsidiario en el robo”.

EL PSOE TAMPOCO ENTIENDE QUE EL PP MANTENGA A QUIEN DEMANDA

Por su parte, el PSOE local habla de un "espectáculo incomprensible" para hablar de la rueda de prensa del alcalde del lunes. Lo “curioso” para este partido no es que la demanda redactada por los Servicios Jurídicos de la Diputación, introduzca entre los demandados a los que fueron alcaldes Antonio Moreno y Manuel de Bernardo, así como al actual interventor y tesorera. “Lo asombroso es que el PP refrenda tal acusación y a la vez mantenga a estas personas en sus respectivos puestos. No solo es algo difícil de comprender, sino que incluso de explicar a los ciudadanos, que a pesar de castigar a los andalucistas en las pasadas elecciones por este caso, vieron como los populares volvían a darles compromisos en el Gobierno local”, afirma la concejala Patricia Cavada.

Los socialistas también aseguran que “desde el principio” exigieron que se asumieran las responsabilidades políticas correspondientes, “pero ni el PA ni el PP hicieron caso, al contrario se echaban las manos a la cabeza y nos acusaban de hacer una oposición hostil y sin sentido”. “Ahora nos dan la razón, pero para ello han tenido que pasar casi tres años en los que apenas se han resuelto las dudas en torno a la desaparición de una cantidad tan alta de dinero y durante tanto tiempo. Es más las personas que tomaron esas decisiones y no realizaron sus labores siguen en sus puestos o formando parte del Gobierno. De nuevo pedimos que se tome cartas en el asunto y lo antes posible, sobre todo si el Ayuntamiento reconoce que tienen responsabilidad en lo ocurrido", insiste Cavada.

Pero “esta locura va más allá”, ya que no es sólo que Loaiza mantenga a estas personas dentro del Consistorio, “sino que también asume su grado de responsabilidad, al mantener al frente de una delegación de su gobierno a una persona a la que ahora el Ayuntamiento considera que tiene una implicación administrativa en lo que sucedió”. Así de claro lo deja la demanda que no duda en certificar lo que se encuentra en diferentes informes, tanto policiales como de la Cámara de Cuentas, que exponen que hubo fallos que permitieron la pérdida de este dinero, al no ejercerse durante años las funciones que los técnicos (que también están demandados) y el alcalde tenían que ejercer para vigilar el dinero.

"Por activa y por pasiva De Bernardo dijo que el tiempo pondría a cada uno en su sitio, que daría la razón a sus acciones y decisiones. Y se la ha quitado de golpe y porrazo. Pero a Loaiza eso le da igual. Es más, ahora se escudan en informes a los que habían criticado antes e incluso acusaron de partidistas como el de la Cámara de Cuentas. Tanto para el PA como para el PP todo era una especie de manipulación para echarles encima a la ciudanía y con esta demanda el Ayuntamiento está reconociendo que no, que lo que no hicieron bien fue su trabajo y por ello tienen una responsabilidad", remarca la edil del principal partido de la oposición.

Por otro lado, dentro de “todo lo irrisorio" de este proceso que mantiene el Ayuntamiento se encuentran para el PSOE las cantidades que se les piden a los responsables administrativos del desfalco. "Asegura el alcalde que son cifras ponderadas a preceptos legales y de acuerdo al grado de responsabilidad del cargo y del tiempo. Pero es muy difícil explicar a los ciudadanos que el grado de responsabilidad de De Bernardo solo le atañe a responder por unos 39.000 euros".

Para los socialistas esta cantidad es un “insulto” para los isleños sobre todo si se tiene en cuenta que, a orden del exalcalde del PA, el Consistorio se gastó casi el doble en un documento encargado para reforzar su “inocencia”: "en esa ridícula cifra se deberían de incluir esos 60.000 euros porque ahora desde el propio Ayuntamiento se expone que fue una pantomima, puesto que lo incluye en el proceso administrativo. Un documento para el que se contrató a una empresa externa y se aludió que se trataba de uno de los mejores abogados contables de España, que finalmente se llevó el dinero por alabar la gestión andalucista, una gestión que ahora se pone en duda por el equipo de Gobierno del que forman parte", anota Patricia Cavada.

"Y el PP dice que permitiéndoselo la legislación, y no dudamos que tenga sustento jurídico, debe atenuarse la responsabilidad de los responsables subsidiarios”. De este modo, el PSOE interpreta que “se  premia así a quienes incumplieron sus obligaciones y lo único que queda claro en todo esto es que los isleños, llegado el caso en que finalmente se declare por el Tribunal su responsabilidad, verán muy poco de los 7,8 millones que les quitaron. Los responsables directos a los que se les reclama no tienen propiedades ni capacidad para reunir esa cantidad y a los subsidiarios se les reclama una ínfima parte. La pena de todo este proceso es que no se está haciendo lo posible para recuperar lo que es de todos los isleños, sino para dañar lo menos posible a esas personas que están dentro del organigrama municipal".

En cuanto al interventor y la tesorera, Cavada tampoco entiende que no se haya tomado decisión o adoptado medida alguna de buscar la manera de apartarlos de Economía y Hacienda. Sobre todo porque no fueron capaces de detectar lo que estaba sucediendo y eso que en diferentes documentos expusieron la necesidad de mejorar los controles.

CXSF RECLAMA LA SALIDA DEL PA DEL GOBIERNO ISLEÑO

Mientras, el otro partido de la oposición en el Ayuntamiento, Ciudadanos por San Fernando, se congratula de la decisión de incluir en la demanda a los exalcaldes andalucistas, pero apremia y exige a Loaiza la “salida inmediata” del PA del actual equipo de Gobierno.

Esta medida fue transmitida y reclamada a la Alcaldía en la reciente Junta de Portavoces, exclusivamente por Javier Cano, portavoz de CxSF, según se asegura en una nota remitida a este periódico.

Para esta formación independiente, la demanda ante el Tribunal de Cuentas “viene a ratificar los informes policiales previos, que decían que si hubieran existido los controles económicos preceptivos, el robo no se habría producido”. De este modo, con la demanda, el Ayuntamiento viene a reconocer la responsabilidad de los anteriores alcaldes en el manejo de los caudales públicos, así como en la falta de atención en su custodia. “El proceso contable ha desvelado la anormalidad en el manejo de las cuentas municipales por los sucesivos gobiernos andalucistas”.

Ante esta situación, Cano entiende que “constituye un gravoso escándalo para la ciudadanía la permanencia en el Gobierno municipal del PA, y en especial, de De Bernardo, actual delegado del área de limpieza, que se gastó 60.000 euros de todos los isleños en un informe parcial para autoexculparse,  por lo que exige su salida inmediata”. Asimismo, “es pertinente la adopción de medidas respecto de las personas que actualmente ostentan el empleo de intervención y tesorería”. 

“En el supuesto improbable que no se decrete la salida del PA del Ejecutivo municipal, esta imagen de credibilidad que inicialmente ha dado el Gobierno local, se convertiría en la mayor tomadura de pelo a los isleños de toda la historia”, se insiste.

Para CxSF, “la salida del andalucismo del Gobierno municipal es irremediable, a pesar de que la cantidad reclamable a los responsables subsidiarios no alcance el 4% del total perdido. Hubiera bastado un solo céntimo de euro para provocarla”.