17/08/2012. Redacción (FOTO: de archivo)

La consultora Deloitte, representante legal del Ayuntamiento de Jerez en la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que dejará en la calle a unos 400 empleados municipales, y el concejal de Personal, Javier Durá, como interlocutor del Gobierno local del PP, mantuvieron el viernes día 17 la última reunión con los sindicatos del período de consultas del ERE que establece la ley para la negociación.

A la salida de este encuentro los representantes de Deloitte y del Gobierno local han tenido que ser escoltados por la Policía, increpados por un centenar de trabajadores a las puertas de la concejalía de Recursos Humanos. Para los representantes de la plantilla municipal, la negociación ha concluido sin acuerdo. Y advierten de que llevarán el asunto a los tribunales.

En esta reunión se ha comunicado los errores corregidos en relación al personal afectado por el ERE, a la vez que se ha dado de plazo hasta el lunes para comunicar si finalmente los funcionarios mayores de 65 años o que cumplan esa edad este año aceptan de formalmente su jubilación, lo que supondría la baja voluntaria de nueve trabajadores, y la reducción del ERE, por tanto, a 291 personas –en el caso del Ayuntamiento; a parte están los que se quieren despedir en las empresas municipales-.

A este número, habría que sumar la exclusión de la lista de otros diez trabajadores por errores subsanados durante el período de consultas, con lo que, si se llega a un acuerdo en las jubilaciones de los funcionarios, el dramático ERE afectaría a un total de 281 personas frente a las 300 previstas, 19 menos. Deloitte ha explicado, en la reunión del viernes, que los errores subsanados  significan la salida del ERE de un total de 12 de personas, si bien, les ha trasladado también que por error entran otras dos personas, con lo que finalmente quedan fuera un total de diez trabajadores.

El Gobierno local recuerda que la corrección de errores estaba prevista en la memoria explicativa de las causas motivadoras del despido colectivo incluida en la documentación entregada a los representantes de los trabajadores para la negociación prevista durante el período de consultas, siendo precisamente éste uno de los motivos alegados por el Ejecutivo para que los sindicatos accedieran a dialogar para “minimizar” los efectos del ERE y subsanar cualquier posible error en caso de no haberse detectado a la hora de aplicar los criterios para determinar los trabajadores que se han visto afectados por el expediente.

La consultora Deloitte ha confirmado también la presentación durante el período de consultas, que concluye este domingo, de un total de 105 alegaciones al ERE, lo que supone un 33% de los trabajadores afectados, ya que la lista de afectados entregada a los sindicatos suma 300 trabajadores. Asimismo, en las reuniones mantenidas se han trasladado un total de 57 solicitudes de información, de las que algunas han derivado en alegaciones.

UNA MEDIDA “ABSOLUTAMENTE NECESARIA”

En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el Gobierno jerezano del PP deja claro que “desde el primer día del inicio del período de consultas ha quedado clara su voluntad de llegar a un acuerdo que permitiera minimizar los efectos del ERE, ampliando en la última semana de negociación el número de reuniones, tras la negativa de los sindicatos sentarse en las dos primeras sesiones, presentando propuestas de mejora, y aceptando el 50% de las medidas presentadas por escrito por los sindicatos en la negociación del ERE, a pesar de que se han llevado a la mesa de negociación a tan sólo 48 horas de la última sesión que se ha celebrado hoy”. Aunque los sindicatos lo que realmente han perseguido es que se retire el ERE a cambio de su paquete de medidas completo.

Igualmente, aclaran los conservadores que algunos de los puntos propuestos por los sindicatos no se han podido aceptar porque ya se están aplicando en el Ayuntamiento o porque el ahorro está ya previsto con la entrada en vigor de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la aplicación del nuevo convenio.

Coincidiendo con la última sesión del período de consultas, el Ejecutivo de García Pelayo ha vuelto a repetir que el ERE es una medida “absolutamente necesaria” para poder hacer frente a los gastos que soporta el Ayuntamiento, ya que el grupo municipal no puede soportar un gasto diario en el capítulo de personal de 300.000 euros, que al año suman un total de 110 millones de euros. En este sentido, recuerda que “el ERE se enmarca en una política de personal que tiene otras dos patas, la RPT, que permitirá organizar la plantilla, y el nuevo convenio colectivo, que servirá para ajustar gastos. Estas tres patas supondrán un ahorro real de 25,2 millones de euros que se elevará hasta 33 millones de euros con las medidas aplicadas en las empresas municipales”. Asimismo, insiste en que este ahorro en el capítulo de Personal viene acompañado de una reducción del gasto corriente y la búsqueda de inversiones”.

Por último, el equipo de Gobierno insiste en que el ERE viene motivado por causas económicas y ha sido realizado en base a criterios “objetivos y jurídicos” planteados por la empresa Deloitte y comunicados al Ayuntamiento, que es quien tiene la capacidad organizativa y quien debe garantizar el funcionamiento de los servicios municipales. En base a estos criterios, el PP local dice verse en la obligación de poner solución al problema de “sobredimensión” de la plantilla. Para ello, se ha reducido personal de todos los grupos profesionales proporcionalmente en todas las delegaciones.