02/08/2012. Redacción (FOTO: de archivo)
En los próximos días se iniciará el proceso de contratación para la concesión del servicio del agua, el cual ya tiene el pliego de condiciones elaborado con informes favorables. O lo que es lo mismo, la privatización de Ajemsa. Así lo ha comunicado la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en reuniones mantenidas con el comité de empresa de la aún empresa municipal Ajemsa, alcaldesa pedáneos, y con la Plataforma del Agua.
Desde el Gobierno local del PP se recuerda que en pleno ya se debatió la memoria de la prestación de servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y del cambio de forma de gestión del citado servicio, pasando de gestión directa a gestión indirecta por medio de concesión de la gestión del servicio.
Esta aprobación supondrá la gestión indirecta del servicio, por lo cual, para los conservadores “ni se vende ni se privatiza”. Asimismo, el Consistorio establecerá un servicio técnico municipal que realizará el seguimiento para controlar tanto la calidad del agua como el cumplimiento de los pliegos del contrato.
Según argumentan desde el Ayuntamiento en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el pliego de condiciones de esta concesión administrativa “blinda la tarifa del agua” por lo que en los próximos 25 años sólo se actualizará máximo el IPC anual. Por otra parte, garantiza la estabilidad de los trabajadores de Ajemsa, así como la subrogación de los trabajadores de IMESAPI y del contrato con Jesytel para el mantenimiento del sistema informático.
Asimismo, el pliego de condiciones incluye el mantenimiento de las bonificaciones del 95% en la tarifa, de las que en la actualidad se benefician 465 familias. “Esta concesión administrativa supondrá un balón de oxígeno financiero para las arcas municipales”, se insiste. Podrían ser unos 80 millones de euros en 25 años.
En la reunión mantenida el 2 de agosto los alcaldes de Nueva Jarilla (PSOE), El Torno (PSOE), San Isidro (PSOE) y La Barca (PP) han dado el visto bueno a entrar en dicha concesión administrativa, que les supondrá unos ingresos extraordiarios para sus pedanías. Los alcaldes de Torrecera, Estella y Guadalcacín tendrán tres meses de plazo desde la firma del contrato para decidir si desean incorporarse a la concesión.
