20/04/2012. Redacción

La jornada dedicada el viernes día 20 al ‘Bicentenario de las diputaciones provinciales’, organizada por la Fundación Democracia y Gobierno Local y celebrada en Cádiz, ha deparado diferentes aportaciones políticas que –con diferentes matices- coinciden en una convicción: la validez y utilidad de estas hoy día cuestionadas instituciones –que nacieron con la Constitución de 1812- y la necesidad de revisar la actual planta administrativa, es decir, la estructura de las diferentes entidades públicas que convergen en el ámbito local.

El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, y anfitrión, clausuraba un encuentro en el que se han refrendado algunas de las tesis defendidas en la reciente reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) celebrada en Valencia, en la que se abogó por el fortalecimiento institucional de las diputaciones.

Junto a Loaiza comparecían en el epílogo la jornada el vicepresidente tercero de la Diputación de Barcelona, y representante de la Fundación organizadora, Josep Llobet. A la clausura asistieron entre el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre; así como representantes de las diputaciones de Barcelona, León, Badajoz y A Coruña; del Cabildo de Tenerife (todas regidas por distintos partidos políticos), y de diversas entidades locales.

El popular José Loaiza estima que “las diputaciones –en la actual coyuntura de adversidades económicas- tienen que ser parte de la solución. No sobran diputaciones sino malos gobiernos”, ha subrayado como lleva haciendo desde que accedió al cargo tras las pasadas elecciones municipales.

El titular de la Diputación de Cádiz y alcalde de San Fernando aboga, eso sí, por la supresión de duplicidades “que perjudican la prestación de servicios básicos y disparan el gasto”. Loaiza reivindica, en el seno de las diputaciones, “gobiernos eficientes y financiación suficiente”, así como un reparto racional de las competencias públicas para no ocasionar desajustes como el que se produce –por ejemplo- en la aplicación de la Ley de Dependencia: materializada gracias a los adelantos financieros de Diputación, pese a no ser competencia propia y con “gran incertidumbre en los ingresos” que debe transferir la Junta de Andalucía.

El control riguroso del gasto, la austeridad y la transparencia son a juicio de Loaiza principios “ineludibles” que deben consolidarse en la gestión de la administración pública.

TRES EJEMPLOS

La jornada celebrada en el Palacio Provincial de la Diputación gaditana ha comprendido el desarrollo de dos paneles, uno de carácter académico y otro, de cariz político, protagonizado por representantes de diferentes diputaciones española para exponer las perspectivas de futuro de la administración provincial.

En este foro, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, intervinieron Carles Rossinyol, de la Diputación de Barcelona y representante de Convergencia i Unió; el presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo Pouso, del PP; y el presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés, del PSOE; como moderador intervino el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, de Coalición Canaria.

Para Rossinyol, teniendo en cuenta que en España existen 8.110 municipios y casi un 85% tienen una población inferior a los 5.000 habitantes, “es imposible que estos municipios lleven a cabo las competencias que las leyes les atribuyen”; así que “o desaparecen municipios o aceptamos una administración de segundo grado –en referencia a las diputaciones- que supla esta realidad con modificaciones sustanciales”.

No es ésta la única decisión que debe afrontarse: también habrá que decidir entre un modelo de diputaciones “con fuerte poder político”, que implicaría cambios en la legislación electoral y mejores mecanismos de financiación, o bien como instrumentos dedicados a gestionar servicios supramunicipales. Para el representante de la Diputación barcelonesa “es imprescindible vincular competencias con recursos. Deben ir parejos para no agravar el exceso de gasto y endeudamiento”. En cuanto a la revisión del mapa administrativo, el político de CiU cerró sus aportaciones defendiendo un “planteamiento adaptable” para que las entidades locales existentes respondan a las necesidades concretas cada territorio.

Por su parte, el representante de la diputación gallega, Calvo Pouso, ha explicado que en la provincia coruñesa se está avanzando en la concertación de servicios entre municipios y, de hecho, “dos ayuntamientos están en vías de fusión”. Un circunstancia que no sucede desde hace 44 años y que rompe la tendencia inversa, mantenida hasta ahora y abocada hacia la segregación de entidades. “No todo es fusión, pero sí colaboración” esgrimió Calvo para defender un modelo más racional y sostenible. A su juicio, lo que carece de sentido, son las competencias impropias asumidas por las diputaciones y, que en el caso de A Coruña abarcan “dos colegios, determinados servicios sociales o cursos de formación para desempleados”.

Las diputaciones “tienen que ser una solución a las consecuencias de la crisis en los ayuntamientos”, liderar el cambio que debe implantarse en el régimen local y llevar a cabo el postulado que la Constitución de Cádiz de 1812 expresaba en su artículo 13: “la felicidad de los ciudadanos”, apuntó el popular Pouso.

Mientras, el presidente de la diputación pacense recordó que la fusión de consistorios es una fórmula ya contemplada en  la legislación, si bien advirtió que no deben abordarse desde la imposición y únicamente consideradas en función de los costes. “No nos podemos llevar sólo por la crisis”, defendió el representante socialista, para abogar por la autonomía municipal. A su parecer la Diputación es la entidad que mejor refuerza esta autonomía de los ayuntamientos, frente a otras figuras de acción intermunicipal como las mancomunidades, los consorcios o las comarcas.

Defendió la gestión de la Diputación de Badajoz, caracterizada por la eficiencia de las economías de escala y el valor añadido que el personal técnico reporta a los pequeños municipios. Una institución estable cuyos últimos cinco presupuestos han sido aprobados por su Corporación por unanimidad.

“LAS DIPUTACIONES ESTÁN BIEN GESTIONADAS”

Josep Llobet intervino en la jornada en representación de la Fundación Democracia y Gobierno Local que la organizaba. Coincidió en la validez y utilidad de las diputaciones, a la vez que reconoció la necesidad de revisar el régimen local para eliminar duplicidades y analizar “cómo mejoramos los servicios que se prestan”.

Destacó que la reciente remisión de la deuda con proveedores, y los planes de ajuste, regulados en el Real Decreto Ley 4/2012, han confirmado que las diputaciones están “bien gestionadas. Difícilmente se han encontrado diputaciones muy adeudadas o que acumulen impagos”. De hecho casi ninguna Corporación provincial ha recurrido a los préstamos estatales que conllevaban la aplicación de un plan de ajuste. Es el caso de la gaditana.

Con anterioridad al panel político, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, Santiago Muñoz Machado, y el secretario general de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, Enrique Orduña, explicaron la evolución de las diputaciones, las provincias y la administración local en el ordenamiento jurídico español, incidiendo en la Constitución de Cádiz de 1812.